De indignados a resignados

De Carlos Gabetta, ex director de Le Monde D.

http://www.perfil.com/ediciones/2012/5/edicion_679/contenidos/noticia_0030.html

"Es difícil entender por qué consideran que para apoyar una política tienen que abandonar todo espíritu crítico, meter en el desván su experiencia y no aportarla al proceso que apoyan.

El resultado es que han abandonado no ya los sueños de la revolución, sino hasta las metas de la Ilustración y el progreso, la república y sus dos preceptos esenciales: libertad e igualdad, lo que en las complejas sociedades modernas supone respeto a las instituciones y una ética, una moral. De la dictadura del proletariado y otros redentorismos, o de la república socialista, estos ciudadanos han pasado a tolerar la corrupción generalizada y a una pandilla populista en el Gobierno como un mal menor, o lo único posible.

Con esa lógica, y en el mundo en que vivimos, acabarán con nostalgias del absolutismo español.
Los resignados están entre nosotros."

Extractivismo

Soberanía ferroviaria

Sí, ahora que terminamos con el contrato de TBA, los trenes quedan a cargo del grupo Roggio. Ahora sí! Los trenes son nuestros! Trenes para el pueblo, soberanía ferroviaria, al fin!

p.d. El cambio no ocurrió aún, pero ya se nota. Estamos viajando bárbaro
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-194878-2012-05-25.html

30.000 niños

30.000 niños (nada menos) que atienden los comedores organizados por Barrios de Pie, hace dos meses que dejaron de recibir ayuda de parte del Ministerio de Desarrollo Social...Pasa que no son suficientemente kirchneristas. Son chicos que "le hacen el juego a la opo".

Barrios de Pie concurrirá al INADI a denunciar un trato discriminatorio.
Información en http://www.barriosdepie.org.ar/?p=3277

Reposo 2

Como pudiera ocurrir que alguno piense que las ONG más comprometidas con los derechos humanos no se pronunciaron sobre la cuestión de la nominación de Reposo, van algunos links sobre el trabajo de ACIJ y la ADC en el tema

http://acij.org.ar/sincorrupcion/2012/05/15/candidatura-de-daniel-reposo-la-impugnacion-de-acij/
http://www.lanacion.com.ar/1471593-la-idoneidad-del-procurador
http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=875

Grande Miguel

Reposo

Que el kirchnerismo postule a Daniel Reposo como Procurador General de la Nación da una excelente muestra de lo que piensa el kirchnerismo sobre la administración de justicia: lo que se necesita es sometimiento puro y duro al poder político. Se necesitan soldados que no piensen y no se animen siquiera a dudar de la orden que llega de arriba.

Ahora bien, es tanto o más grave lo que el proceso de su designación revela. Hay cantidad de cosas a señalar, que incluyen la solapada defensa que el periodismo oficial ha hecho de la designación, y otras más graves todavía, como que el CELS no se haya pronunciado en la materia. Una dolorosa muestra de cuánto y cuándo importan las garantías de los derechos humanos. Si se las concibe de este modo, ellas nunca van a estar protegidas. Nunca, si se escoge, frente al poder público, a personas que tienen como principal característica la de la obediencia (por eso es que siempre tratamos más severamente a los crímenes del Estado: porque no hay riesgo mayor que el del abuso de la coerción estatal).

Otro dato notable en esta historia se relaciona con la presentación que acaba de hacer el poder político de esta candidatura. Además de hacer agua por varios costados, agrega un dato muy llamativo: la postulación sólo recogió 4 opiniones favorables, entre las 32 consultadas¡¡!! Y lo más interesante de todo, entre las poquísimos apoyos que cita a favor de la candidatura de Reposo...incluye la de la Facultad de Derecho de la UBA¡¡ Cuándo es que la UBA-Derecho se pronunció al respecto¡¡¡!!???

La pérdida de la fe

Vi la última película de Trapero, Elefante Blanco, con algunos prejuicios, y sobre todo descontento con sus últimas producciones. Pero, a pesar de cierta falta de sutileza o ciertos desarrollos previsibles, Trapero vuelve a mostrar una manera interesante de "leer la época". Ya lo había hecho en algunas de sus mejores películas (Mundo Grúa, El bonaersense). Y aquí vuelve a hacerlo. Remarcaría dos puntos:

1) La política está ausente entre los pobres: Si uno toma el punto de vista interno de los grupos que están peor (y los guionistas del film, que han mostrado más de una vez que pueden "entender" bien un mundo particular, vuelven a hacerlo bien), si uno toma ese punto de vista, decía, el debate kirchnerismo, antikirchnerismo, izquierda, derecha, no está, es simplemente ridículo, extravagante, inverosímil. La política, simplemente, no está interesada, en absoluto, en la desgracia que afecta a los pobres. No se trata de una denuncia a la política, sino de una constatación más, con la que desgraciadamente, dolorosamente, se convive (Interesante constatación, además, cuando la película gira en buena medida en torno a la figura del "cura villero" Mujica, y el recuerdo de una época movida por la esperanza de cambio).

2) La pérdida de la fe: El "realismo golpeado" de Trapero no suscribe el utopismo de Solanas, ni la confianza en la potencia transformadora de masas politizadas (que no ve), y ni siquiera ve esperanzas modestas de cambio a partir del trabajo -hoy heroico- de los "curas villeros" (en este sentido, es continuadora de lo que similares guionistas señalaban en El Estudiante). La película no es cínica ni complaciente, ni toma partido por la desmovilización (más bien lo contrario), pero quiere ser descriptiva, y lo que encuentra es que la realidad a cambiar está más enquistada; y que los humillados y ofendidos de hoy están, a la vez, física y sicológicamente afectados por las basuras con que los contaminan los que hacen negocios de (o a partir de) ellos.

Coloniaje

En este artículo http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-194569-2012-05-22.html se nos dice que:


"La misma estirpe de pensamiento que desprecia a las clases populares de nuestro propio país, que prefiere el sometimiento a los “civilizados” a la alianza liberadora con los dominados, que le molesta tan poco el rey de España matando elefantes y los ingleses en Malvinas como el atropello a nuestra soberanía y el despilfarro de nuestros recursos, es la que opera atrás de la descalificación de los angoleños."


La "descalificación," denigración, patronazgo, paternalismo, hacia los angoleños vino de los modos (pocas veces vistos antes) con que, desde la presidencia, se trató a una población hambreada y explotada. El gobierno volvió a abrazarse impúdicamente a un gobierno saqueador, a la vez que trató a las poblaciones locales con un racismo y desprecio inenarrables. Las imágenes de la Presidenta en Angola pasan a la historia de la vergüenza colonial.


(Por eso mismo, el texto citado es una nueva buena muestra de cómo gente similarmente situada está leyendo de modos directamente opuestos los mismos hechos. Por suerte, en este caso, las imágenes están registradas y son incontrastables: defensa de la dictadura, y burla a poblaciones pisoteadas, a las que se les ofrecen espejos de colores)

Entreviews

Al filósofo D. Tatián, http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-194501-2012-05-21.html

Al fotógrafo M. López, http://www.aguafiestasonline.com.ar/ (gracias pic)

Comisiones de la Verdad 3

Y dice Jaime MG, en un punto central de su trabajo (a ser publicado en el International Journal of Transitional Justice): "Las comisiones de la verdad, especialmente aquellas destinadas a reconciliar a las partes en conflicto, resultan -por mucho- una opciòn mejor que la de los procesos penales, particularmente en sociedades en transición"..."Aunque soy un fuerte defensor de las comisiones de la verdad, particularmente aquellas que tienen por objeto la reconciliaciòn, debo conceder que hay muchos argumentos en favor de la posición opuesta"..."Destinadas a restaurar el autorrespeto y la autoestima de las vìctimas, (las comisiones) permiten una explicaciòn del pasado más compleja y abarcadora que los procesos criminales".

Por ahora me quedo pensando -sólo en esas líneas hay mucho para pensar- pero espero volver al tema después del debate con él (y LF).

Debatiendo con Jaime Malamud Goti (Comisiones de la Verdad 2)

Y se me viene encima el seminario sobre Jaime MG y con Jaime, en el que tengo que discutirle un trabajo en donde habla, elogiosamente, sobre las Comisiones de la Verdad.

(cambiemos por favor la fotito para el próximo Congreso: martilitos y balanzas deberían prohibirse para eventos jurídicos)

21 y 22 de mayo SUM - Mario Bravo 1050 El Seminario pretende rendir homenaje a Jaime Malamud Goti, profesor de esta Facultad y probablemente quien más ha desarrollado vínculos entre el derecho penal y la filosofía en nuestro país, abordando desde esta perspectiva una gran cantidad de temas que incluyen el castigo penal, el estudio de delitos en particular y recientemente las relaciones entre la suerte y la responsabilidad penal. Las jornadas servirán para reconocer sus contribuciones de la forma que mejor representa el respeto por una trayectoria académica: discutiendo. Lunes, 21 de mayo. 15:00 hs.     Presentación.    •    E. Raúl Zaffaroni. 16:15 hs.     Coffee Break. 16:30 hs.    Malamud Goti y el Derecho penal: ¿Qué sobrevive aún de esa relación? •    Maximiliano Rusconi •    Daniel Pastor •    Leonardo Pitlevnik Discusión 17:45 hs.     Coffee Break 18:00 hs.    Notas sobre la vergüenza y las razones Comentan:      Agustina Ramón Michel Celeste Braga Beatove Guillermo Moro Joaquín Millón Laura Mazzaferri Laura Roteta Máximo Lanusse Samanta Biscardi Santiago Roldán Martes, 22 de mayo. 14:30 hs.    Un pasado turbulento y el problema de la memoria. El problema de la justicia internacional Comentan: •    Roberto Gargarella •    Leonardo Filippini Discusión 16:00 hs.     Coffee Break. 16:15 hs.    Suerte, Moralidad y Responsabilidad Penal Comentan: •    Martín D. Farrell •    Marcelo Alegre •    Marcelo Ferrante 18:00 hs.     Coffee Break. 18:30 hs.    ¿Penalistas intolerables o intolerantes? Discusión final con Julio B. J. Maier. La actividad es abierta, gratuita y entrega certificados de asistencia.

La Comisiòn de Verdad en Brasil

Recièn llegado de Brasil, leìa en la CNN de allà sobre la importantìsima noticia de la Comisiòn de la Verdad que acaba de ponerse en marcha. Leía lo siguiente (y ahora vuelvo sobre el tema de comisiones de verdad):

Em solenidade na manhã desta quarta-feira, 16/05, a presidente da República Dilma Rousseff deu posse aos sete integrantes da Comissão da Verdade, que tem a missão de apurar as violações contra os direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, que inclui o período da Ditadura Militar.

Durante o discurso no Palácio do Planalto, Dilma esclareceu que a motivação do trabalho da Comissão não é o revanchismo ou o ódio, mas a necessidade de esclarecer uma página da história do Brasil. “Nos move a necessidade imperiosa de conhecê-la em sua plenitude, sem ocultamentos, sem camuflagens, sem vetos e sem proibições”.

O desejo pelo esclarecimento das violações praticadas, especialmente durante o regime militar, já existia desde a redemocratização do país. O debate ganhou corpo em 2009, quando o Programa Nacional de Direitos Humanos abordou, entre outros aspectos, o direito à Memória e à Verdade. A partir de então, a Presidência da República passou a estudar o lançamento de uma Comissão da Verdade.

Trata-se de um dispositivo recente em novas democracias. De acordo com pesquisa do Núcleo de Preservação da Memória Política de São Paulo, na cartilha “A Comissão da Verdade no Brasil”, a primeira experiência deste tipo foi em Uganda em 1974. Atualmente, são 40 Comissões como esta atuando em todo o mundo.

A pesquisadora Priscilla Hayner, considerada a maior estudiosa da atuação destas Comissões no mundo todo, relata em sua pesquisa que ao questionar uma mulher sobre a necessidade de um grupo que analisasse possíveis violações dos Direitos Humanos, ouviu a seguinte resposta: “Para mobilizar as forças políticas, promover uma investigação que tenha amplos e definitivos poderes e assim chegar às muitas verdades que ainda são escondidas”.

Os sete integrantes da Comissão da Verdade – Cláudio Fonteles, Gilson Dipp, José Carlos Dias, João Paulo Cavalcanti Filho, Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro e Rosa Maria Cardoso da Cunha – foram apresentados pela presidente na cerimônia de posse como pessoas de competência reconhecida, e com capacidade de entender a dimensão do trabalho que vão executar.

“Não fui movida por critérios pessoais ou por avaliações subjetivas. Escolhi um grupo plural de cidadãos e cidadãs de reconhecida competência, sensatos e ponderados, preocupados com a justiça e o equilíbrio, e acima de tudo, capazes de entender a dimensão do trabalho que vão executar”, declarou a presidente.

As primeiras declarações dos membros da Comissão, logo após a nomeação na semana passada, indicaram a direção dos trabalhos: as violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado nos anos do regime militar. Em declarações extra-oficiais, alguns membros da Comissão indicaram que os atos de terrorismo praticados por militantes de esquerda que se opunham à ditadura não serão investigados.

A advogada Rosa Cardoso, que integra a Comissão, declarou em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que não há possibilidade de investigar crimes cometidos pelas organizações armadas. “Essas comissões, quando são criadas oficialmente, pretendem rever condutas de agentes públicos. E é isso o que fundamentalmente nós vamos rever: condutas de agentes públicos.”

Também em entrevista ao mesmo jornal outro integrante da Comissão, o diplomata Paulo Sérgio Pinheiro, foi enfático ao declarar que o único lado a ser analisado pela equipe será o das pessoas que sofreram violações de direitos humanos. “Nenhuma Comissão da Verdade teve ou tem essa bobagem de dois lados, de representantes dos perpetradores dos crimes e das vítimas. Isso não existe”.

Tais declarações dos membros do grupo tem preocupado setores das Forças Armadas, especialmente os da reserva, que também manifestaram à imprensa que vão se organizar para acompanhar de perto os trabalhos da Comissão, e evitar que os casos sejam acompanhados fora de seu contexto histórico.

De acordo com a cartilha do Núcleo de Preservação da Memória Política de São Paulo, uma Comissão da Verdade tem o objetivo de descobrir, esclarecer, e reconhecer abusos do passado, dando voz às vítimas. A lei 12.528, cria a Comissão, esclarece a finalidade do grupo, com o objetivo de “efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional”.

O grupo tem agora o prazo de dois anos para apresentar o relatório contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e recomendações. O Secretário-Geral da CNBB, dom Leonardo Ulrich Steiner, afirmou que a entidade tem boa expectativa para os trabalhos da Comissão. “Os nomes escolhidos são de pessoas que têm grande amor pelo Brasil e, por isso mesmo, a Comissão primará pela elucidação dos fatos e pela reconciliação com nosso passado”.

Código Civil y propiedad indígena

http://odhpi.org/2012/05/a-proposito-de-la-reforma-del-codigo-civil/#!prettyPhoto

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) considera como positiva la reforma del Código Civil que reemplazará un compendio normativo creado en condiciones muy diferentes al mundo y las relaciones que hoy intenta regular. Sin embargo, no tenemos la misma opinión sobre los aspectos que involucran de manera directa a los pueblos indígenas. Pese a que pareciera un avance el compromiso asumido por la comisión redactora de tener en cuenta estos aspectos a la hora de armar el texto, entendemos que en este caso el continuar con esa decisión puede constituir un retroceso grave para los pueblos indígenas de argentina.

Somos optimistas en que este puede ser el puntapié inicial para darnos un debate franco, amplio y plural para entender las implicancias jurídicas que tiene el reconocimiento de la preexistencia de los Pueblos Indígenas que hicieron los constituyentes de 1994. Para esto es primordial que se tenga en cuenta la voz de los implicados directos en respeto al derecho a la participación y a la consulta.

Además debiera reflexionarse sobre el carácter que tienen las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas, que no son como pretende el texto del anteproyecto relaciones de derecho privado sino relaciones de derecho público. Lo que no han tenido en cuenta los redactores es que desde la reforma constitucional y la incorporación de los tratados de derechos humanos (especialmente del Convenio 169 de la OIT) a nuestro sistema legal, los pueblos indígenas son sujetos colectivos cuya cultura, institucionalidad y jurisdicción territorial debe ser respetada. Esto implica una transformación del Estado y por ello la temática se ubica en el ámbito del ”derecho público”.  En cambio el anteproyecto reduce los derechos indígenas al ámbito privado de las cuestiones de propiedad entre particulares y asimila las comunidades a las asociaciones civiles que se someten a las reglas y controles de las autoridades administrativas, contrariamente a la “preexistencia” garantizada en la Constitución. Modificar este concepto es retroceder al modelo anterior, lo cual es ilógico, injusto e inconstitucional.

Por último queremos alertar sobre la gravedad de incluir la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil. Como se sabe el código civil es un compendio normativo de carácter privatista que nada tiene que ver con los conceptos que originaron el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. La propiedad indígena se deriva del reconocimiento de los pueblos como sujetos colectivos de derecho público, con libre determinación y autonomía territorial. Los conceptos de derechos reales y de posesión y propiedad civil son profundamente distintos y no se soluciona esa diferencia haciendo injertos inadecuados que incluso no respetan en lo más mínimo los estándares que surgen de la constitución y los tratados. Incluir este derecho en el código civil es restringir el derecho, deformarlo y desnaturalizarlo al punto de anularlo.

En conclusión, alertamos sobre la falta de consulta a los pueblos indígenas, sobre lo inadecuado de incorporar la propiedad comunitaria indígena en un compendio privatista como el código civil, y de la violación a la letra de la Constitución y los Tratados internacionales de Derechos Humanos ya que no se respetan los estándares mínimos allí establecidos en la materia como el derecho al territorio, a la ocupación tradicional o el procedimiento adecuado para el reconocimiento estatal de la propiedad indígena, entre otros.

Chávez, la CIDH y la dictadura argentina

publicado hoy en clarín por el amigo Ariel Dulitzky

http://www.clarin.com/opinion/Chavez-dictadura-argentina_0_701929888.html

El pasado 30 de abril, el presidente Hugo Chávez solicitó al Consejo de Estado estudiar la eventual salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acusa falsamente a la Comisión de haber apoyado el fallido golpe de Estado del 2002, por haber preguntado a los golpistas el lugar y condiciones de detención del Presidente. Algo que el propio Presidente, en una reunión en la que estuve presente, agradeció a la Comisión.

Las otras razones esgrimidas por Chávez y funcionarios de su Gobierno son variadas. Van desde que la Comisión es un mecanismo que utiliza Estados Unidos contra Venezuela, que la Comisión atenta contra la plena independencia y soberanía nacional hasta que la Comisión está parcializada en contra de Venezuela.

Todos argumentos, palabras más, palabras menos, iguales a los que la dictadura militar argentina utilizó cuando la Comisión hizo conocer su informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país . Al igual que Venezuela hoy, la dictadura amenazó con retirarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA) si se hacía eco de las categóricas y críticas conclusiones de la Comisión. Pero la historia nos demuestra lo fundamental que fue el trabajo de la Comisión para nuestro país.

Las similitudes de argumentos son importantes para tener en cuenta la gravedad de la pretendida acción venezolana y la necesidad de que Argentina y todos reaccionemos . En los tiempos de las dictaduras y guerras civiles y en los tiempos modernos de democracias en deuda con la solución de problemas estructurales de derechos humanos, la Comisión, con su independencia e imparcialidad, fue y continúa siendo un instrumento para la protección de los derechos humanos en el hemisferio , al apoyar a los Estados -cuando existen las condiciones- y a sus habitantes en la efectiva promoción y protección de esos derechos.

La Comisión, mediante la resolución de casos individuales, visitas, relatorías temáticas, medidas cautelares así como informes temáticos y sobre países, cumple un rol fundamental de denuncia y de alerta temprana frente a situaciones que comprometen la democracia y el Estado de Derecho, al tiempo que protege los derechos de los habitantes cuando éstos no son debidamente garantizados a nivel nacional.

La Comisión ha salvado y continúa salvando vidas; en el pasado ha permitido abrir espacios democráticos y en la actualidad contribuye a consolidar, fortalecer y profundizar democracias más inclusivas e igualitarias ; ha combatido y combate la impunidad y ayuda a asegurar verdad, justicia y reparaciones.

Al ser un órgano de la OEA, no es posible retirarse de la Comisión, sin retirarse de la OEA, algo no mencionado por el Presidente.

La salida de Venezuela debilitará seriamente los mecanismos de protección de derechos humanos de todos y todas los y las venezolanas . De hecho, el artículo 31 de la propia Constitución venezolana reconoce el derecho de sus habitantes de acudir a las instancias internacionales a buscar la tutela de sus derechos. Por eso es indispensable que el gobierno de Venezuela reconsidere su decisión. Una salida venezolana afectará a todo el sistema interamericano.

La Rioja está llena de ipies

Llamativas (e anche ridículas) declaraciones del gobernador de La Rioja, contra los "hippies" que protestan contra las mineras. El hermoso espectáculo de los gobernadores K: el que no es un delincuente es un fascista (también hay combinaciones). Pero todo, sin dudas, en pos de una "política de los derechos". Las declaraciones, acá:
http://www.perfil.com/contenidos/2012/05/15/noticia_0029.html

Por otra política energética

(Nuevo documento de Plataforma 2012)

POR UNA VERDADERA ESTATIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS

La crisis de YPF o el fracaso de una política energética

DOCUMENTO RESUMEN PARA LA PRENSA

Mayo 2012

Desde Plataforma 2012 estamos convencidos de la necesidad de recuperar nuestro petróleo y nuestro gas, así como de terminar con el saqueo y la contaminación producida por la megaminería a cielo abierto. Estamos a favor de una verdadera estatización de YPF y de la nacionalización de nuestros bienes naturales. Estamos a favor de una concepción diferente de dichos bienes, los cuales no son commodities, tal como se plantea desde la nueva división internacional del trabajo. Creemos que es necesario pensarlos como recursos naturales estratégicos y, al mismo tiempo, como bienes comunes. Por ello, no tenemos dudas de que empresas como Repsol o cualquier otra empresa privada o trasnacional, nada tienen que ver con los bienes naturales de todos los argentinos.

El anuncio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A. al grupo Repsol por parte del Estado Nacional despertó grandes ilusiones y una fuerte adhesión en amplios sectores de la sociedad. Esto está ligado a la significación y el valor –tanto real como simbólico- que YPF, como empresa productiva nacional, ha tenido y tiene para los legítimos anhelos emancipatorios del pueblo argentino. El anuncio se realiza cuando nuestro país se encuentra sumergido en una profunda crisis energética, producto de años de despojo de nuestros bienes naturales, nuestro petróleo, y nuestro gas.

Sin embargo, la ley recientemente sancionada por el Congreso Nacional no garantiza la satisfacción de las legítimas aspiraciones que ha suscitado en la sociedad, la transformación de YPF en una empresa al servicio de los intereses del país y mucho menos la resolución de la crisis energética.

Plataforma 2012 considera que la problemática energética remite a razones profundamente estructurales, que exigen una reflexión y un debate colectivo sobre temas de índole estratégico, de mediano y largo plazo, en el plano político, social, económico y ambiental.

En el documento POR UNA VERDADERA ESTATIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS (ver versión completa) Plataforma 2012 aborda el tema desde un contexto que abarca el proceso enajenador de nuestro patrimonio energético en su conjunto y analiza las consecuencias de la privatización y vaciamiento de YPF, desde el gobierno de Carlos Menem hasta la actualidad. Este proceso incluye no sólo a Néstor y Cristina Kirchner como actores importantes, sino también a muchos gobernadores y legisladores que ayer apoyaron y votaron la privatización y que hoy aparecen como fervorosos defensores de la expropiación de una parte de las acciones de YPF.

La actual conformación de la matriz energética de nuestro país impone severas restricciones para sostener el proceso de crecimiento económico, para ampliar el bienestar de la población y para proteger y reproducir el ambiente en condiciones favorables. Una estrategia de desarrollo energético, inmersa en una mirada más global y de largo plazo, no puede desconocer la integración de estos tres elementos. La matriz energética de una Nación es un bien común y constituye la base de un desarrollo verdaderamente sustentable como insumo productivo, como bien de consumo, como recurso natural estratégico y como símbolo de soberanía económica y política.

Lo realizado hasta hoy por el gobierno está en las antípodas de esta necesidad. Por el manejo de los operadores del sector mediante una política de subsidios; por las concesiones arbitrarias; por las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios amigos y afines; por el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones, la gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada en este campo por la improvisación y la visión de corto plazo.

¿Constituye la expropiación del 51% del paquete accionario de Repsol una primera medida “reparatoria” , a partir de la cual resulta posible revertir 20 años de privatización y vaciamiento, encaminándonos hacia una política de autoabastecimiento, de soberanía energética y de desarrollo verdaeramente sustentable, tal como lo presenta, con un discurso épico, el gobierno de Cristina Kirchner?¿Qué cambia respecto de la política energética vigente hasta ahora la expropiación del 51% de las acciones de YPF?

Creemos que existen sólidos argumentos que colocan un manto de dudas en este sentido, teniendo en cuenta las acciones llevadas hasta aquí por el actual gobierno, los contenidos de la propia ley de expropiación de las acciones de Repsol en YPF así como la complejidad de los problemas energéticos en el país. Ciertas razones saltan a la vista: no hay cambio alguno del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos; la medida está muy lejos de ser una verdadera estatización de la empresa; no conlleva una propuesta de largo plazo que apunte a la diversificación de la matriz energética; no modifica la estrategia del extractivismo depredatorio (más bien, todo lo contrario, significa su confirmación al proponer extraer gas no convencional con metodologías hoy cuestionadas –y prohibidas- en diferentes países, debidos a sus altos costos ambientales y sociales); no tiene en cuenta ni explica la responsabilidad de los funcionarios del gobierno en el progresivo vaciamiento de la empresa; tampoco explica por qué no se reaccionó cuando, a partir del año 2008, se pierde el autoabastecimiento y se hace necesario importar faltantes que crecieron a tasas exorbitantes con montos insostenibles.

Asimismo, Plataforma 2012 considera que la figura de la sociedad anónima que actualmente propone la ley es, en sí misma, un símbolo de la privatización. No ha sido positiva en el pasado y abre serios interrogantes sobre el futuro de la empresa y el control estatal en materia de hidrocarburos. Es importante preguntarse si el modelo de Sociedad Anónima con participación privada puede ser útil en vistas del objetivo declarado de lograr el autoabastecimiento en recursos hidrocarburíferos; más aún cuando bajo esta forma societaria se realizaron todas las maniobras que hoy se denuncian como “vaciamiento”. En síntesis, no hay argumentos sólidos para explicarle a la ciudadanía por qué la supuesta “nacionalización” de YPF no se hace bajo la forma de una empresa del Estado.

No es una cuestión menor considerar el modo que impuso el gobierno nacional para el tratamiento del proyecto en el Congreso. ¿Por qué, si la ley de expropiación de YPF es considerada de carácter estratégico, no aceptó modificar siquiera una coma del proyecto original enviado por el poder ejecutivo? ¿Qué sentido cobra el debate parlamentario o la discusión pública si éstos se asientan sobre la sordera persistente de un gobierno que no atina a reconocer responsabilidades pasadas ni a escuchar las voces, reclamos y propuestas de aquellos sectores que históricamente han sostenido la defensa y recuperación de nuestros bienes comunes?

No desconocemos las cuestiones ni los problemas urgentes de la coyuntura, pero ni unos ni otros pueden convertirse en el vector privilegiado de las políticas públicas argentinas, tal como ha venido sucediendo hasta ahora. Por el contrario, las resoluciones coyunturales requieren estar inscriptas en un proyecto a largo plazo.

La matriz energética de nuestro país merece recobrar la mirada estratégica a largo plazo que alguna vez le confirió Mosconi. Plataforma 2012 considera que un verdadero replanteo estructural de la matriz energética debe considerar, entre otros puntos esenciales, el incremento de la apropiación pública de la renta petrolera en la perspectiva de su estatización total, la diversificación de la matriz energética con el fin de quebrar la dependencia de los hidrocarburos y la promoción de energías alternativas no contaminantes. El Estado argentino debe recuperar su capacidad para llevar adelante una política energética al servicio de los intereses del país y consistente con un modo de desarrollo económico verdaderamente sustentable.

Primeras firmas: Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo,Héctor Bidonde, Jorge Brega, Gastón Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Mónica Galán, Mario Galvano, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Diana Kordon, Gabriel Levinas, Darío Lagos, Javier Lindenboim, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, José Miguel Onaindia, Mónica Scandizzo, Maristella Svampa, Enrique Viale, Nicolás Tauber Sanz,Osvaldo Tchercaski, Jaco Tieffenberg, Patricia Zangaro,

Puntos esenciales del documento:
I. La privatización y vaciamiento de YPF
Sus consecuencias
Consumación del saqueo
II. Problemas relevantes de la actual matriz energética
El caso Enarsa
La pérdida del abastecimiento
III. Análisis de la ley de expropiación
¿Qué significa la expropiación del 51%?
¿Qué significa la cesión de acciones a las provincias?
La consolidación del extractivismo depredatorio
El art. 12 y la denuncia de pasivos ambientales
Potestades del Poder Ejecutivo
Carencia de control público
La falta de modificación del marco regulatorio vigente
IV-Lineamientos para una estrategia de desarrollo energético para la Argentina

Presidencialismo fuerte vs. Derechos

Texto sobre el tema que publico hoy en Perfil (originalmente, acá:http://www.perfil.com/ediciones/2012/5/edicion_676/contenidos/noticia_0048.html)

y que es continuación, de algún modo, de la larga y finalmente fructífera discusión que tuve estos días, en Artepolítica, a raíz de un artículo de Sebastián E., acá:
http://artepolitica.com/articulos/las-contradicciones-del-progresismo-liberal/#comment-109815

La discusión constitucional ha quedado entrampada, políticamente, en la habitual disputa sobre la reelección presidencial; y académicamente, en el ya aburrido y bastante infructuoso debate sobre presidencialismo-parlamentarismo. Tratando de salir de tales atolladeros, en lo que sigue quisiera ocuparme de uno de los temas más interesantes –y pendientes todavía– vinculados con la reforma constitucional. Nos refiere a otra de las intensas tensiones albergadas dentro de la Constitución: aquélla entre democracia y derechos. O, en este caso, y de modo más específico, la tensión que existe entre las dos principales secciones que alberga toda Constitución: la sección de los derechos, y la sección referida a la organización del poder.

Son muchas las cuestiones merecedoras de estudio, y vinculadas con dicha tensión. La cuestión madre de todas ellas es la siguiente: ¿cómo una comunidad puede, al mismo tiempo, propiciar una Constitución tan generosa en materia de derechos (como todas las constituciones latinoamericanas) y una organización del poder tan “avara”, que organiza el poder de modo tan vertical y concentrado?

La pregunta citada puede parecer algo técnica, pero es susceptible en verdad de traducciones políticas bastante obvias y sencillas de entender. Días pasados, un militante de este Gobierno sugirió, por caso, una respuesta posible, sosteniendo algo como lo siguiente: “Aquellos interesados en defender los derechos de las personas deberían saber que en la Argentina, como en toda Latinoamérica, los momentos más ricos en la creación de derechos se han producido bajo el contexto de los presidencialismos más fuertes: Cárdenas, Yrigoyen, Vargas, Perón”. Obviamente, dicha afirmación pretendía, sobre todo –y por un lado– defender al actual presidencialismo ultraconcentrado de Cristina Kirchner, y por otro descalificar la opinión constitucional más bien opuesta, que es la que tenemos muchos, y que diría algo así: “Porque nos interesa la protección de derechos somos críticos de los sistemas de autoridad concentrada, como el que ahora tenemos”.

La discusión al respecto es muy promisoria, y de ningún modo merece agotarse en unas pocas líneas. Aquí, entonces, y por falta de espacio, daré sólo algunos indicios de cómo podría seguírsela. Señalaría entonces lo siguiente. En primer lugar, nadie niega que bajo una presidencia fuerte se puedan crear nuevos derechos. Básicamente, un presidente fuerte puede hacer demasiadas cosas –una y la contraria también–, lo que nos refiere a una de las principales virtudes y uno de los principales defectos del presidencialismo fuerte. En segundo lugar, experiencias como las citadas son, justamente, buenos ejemplos de lo atractivos y lo riesgosos que son, para los derechos, los sistemas políticos de autoridad concentrada (por tomar sólo un caso, Vargas no sólo propició una Constitución generosa en materia de derechos sociales: también se autoproclamó dictador, y abrazando una política alineada con el nazismo persiguió y encarceló masivamente a disidentes y expulsó de modo brutal a extranjeros “peligrosos”). En tercer lugar, la experiencia europea referida a la creación de los Estados sociales que más podemos admirar (los escandinavos, en particular) no nos refiere a modelos hiperpresidencialistas como los latinoamericanos sino, sobre todo, a sociedades más igualitarias, con numerosas y efectivas herramientas para el control democrático (antes que a sistemas políticos que habilitaban actitudes discrecionales de la presidencia). En cuarto lugar, dicha defensa del presidencialismo fuerte oculta que, en la práctica latinoamericana, el mismo sistema no sólo propició, ocasionalmente, la creación de derechos sociales, sino que además lideró, poco tiempo después, el desmantelamiento del Estado social destinado a hacer posibles tales derechos: Fujimori, Collor de Mello, Menem y tantos otros también deben ser incorporados en el panteón de los “presidentes fuertes”.

Resultaría un engaño, de otro modo, presentarnos un panteón tan incompleto, destinado a impedir que pensemos adecuadamente sobre los significados políticos del presidencialismo. Finalmente, lo que aquí sugerimos no debería sorprender a nadie: no hay razones para pensar que los mismos presidentes que se arrogan para sí solos todo el poder de decisión vayan a ser los que propicien una distribución del poder más democrática; es decir, una distribución del poder capaz de poner en riesgo cierto la propia autoridad detrás de la cual se acuartelan.

El kirchnerismo duro vuelve a reprimir

Represión en Tinogasta. Ver por ejemplo acá:
http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=8491:paremos-la-represion-en-tinogasta&catid=105:mineria&Itemid=133

Venezuela lejos de la CIDH

Los académicos abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la instrucción presidencial 

dada para que el Consejo de Estado de Venezuela estudie el “retiro” inmediato de dicho país de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

En los tiempos de las dictaduras,  guerras civiles y violencia armada interna y en los tiempos 

modernos de democracias en deuda con la solución de problemas estructurales de derechos 

humanos, la Comisión, con su independencia e imparcialidad, fue y continúa siendo un 

instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos en el hemisferio, al apoyar 

a los Estados -cuando existen las condiciones- y a sus habitantes en la efectiva promoción y 

protección de esos derechos humanos.  La Comisión, mediante la resolución de casos 

individuales, visitas in loco, relatorías temáticas, medidas cautelares así como informes temáticos 

y sobre países, cumple un rol fundamental de denuncia y de alerta temprana frente a situaciones 

que comprometen la democracia y el Estado de Derecho, al tiempo que protege los derechos de 

los habitantes cuando éstos no son debidamente garantizados a nivel nacional. La Comisión ha 

salvado y continúa salvando vidas; en el pasado ha permitido abrir espacios democráticos y en la 

actualidad contribuye a consolidar, fortalecer y profundizar democracias más inclusivas e 

igualitarias de nuestro hemisferio; ha combatido y combate la impunidad y ayuda a asegurar 

verdad, justicia y reparaciones a las víctimas. En el pasado y en el presente, la Comisión se ha 

destacado por dar visibilidad y llamar la atención en relación a sectores perseguidos y 

marginalizados, sean disidentes políticos o poblaciones tradicionalmente marginalizadas o 

discriminadas.  

La “salida” de Venezuela debilitará seriamente los mecanismos de protección de derechos 

humanos de todos y todas los venezolanos y venezolanas privándolos de un instrumento 

indispensable para su protección. Los abajo firmantes hacemos un llamado al Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela a reconsiderar su decisión. También apelamos a todos los 

Estados miembros de la OEA a fortalecer el sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos, mediante el cumplimiento cabal de las decisiones de la Comisión y de la 

Corte, la implementación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la ratificación 

de los instrumentos interamericanos. En particular, instamos a los Estados miembros de la OEA 

a realizar todas las gestiones a su alcance para instar a Venezuela a permanecer en el ámbito de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

FIRMANTES (Referencias institucionales para propósitos de identificación solamente) 

1. Ariel Dulitzky, University of Texas at Austin, EEUU 

2. Ricardo Abello - Galvis, Universidad del Rosario, Colombia 

3. Carlos H. Acuña; Universidad de San Andrés/CONICET, Argentina  

4. Juan Pablo Alban, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador 

5. Raquel Aldana, Pacific McGeorge School of Law, EEUU 

6. Tatiana Alfonso, University of Wisconsin-Madison, EEUU 

7. David Altman, Universidad Católica de Chile 

8. Luis Fernando Álvarez Londoño SJ, de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 

9. Alvaro Francisco Amaya Villarreal la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 

10. Thomas Antkowiak, Seattle University, EEUU 

11. Gustavo Arballo, Universidad Nacional La Pampa, Argentina 

12. Javier Arcentales, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

13. Juan Carlos Arjona Estévez, Universidad Iberoamericana y FLACSO, México 

14. Victor Armony, Université du Québec à Montréal, Canada 

15. Javier Auyero, University of Texas at Austin, EEUU 

16. Manuel Balán, McGill University. Montreal, Canada 

17. Cesar Augusto Baldi, Universidad Pablo de Olavide, España 

18. David Baluarte, American University, EEUU 

19. Pablo Barahona Kruger, Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

20. Francisco J Bariffi, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina 

21. Víctor Bazán, Universidad Católica de Cuyo, Argentina 

22. Mary Beloff, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

23. Gina Benavides,Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

24. Jayme Benvenuto Lima Junior, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 

Brasil 

25. Paola Bergallo, Universidad de San Andrés, Argentina 

26. Carlos Beristain, Universidad de Deusto, España 

27. Eduardo Bertoni, Universidad de Palermo, Argentina 

28. Juan Guillermo Betancur Londoño, Universidad Santo Tomás, Sede Medellín, Colombia 

29. Caroline Bettinger-López, University of Miami, EEUU 

30. Martin Bohmer, Universidad de San Andrés, Argentina 

31. Sandra Borda G., Universidad de los Andes, Colombia 

32. Alberto Bovino, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

33. Fernanda Brandao Lapa, UNIVILLE, Brasil 

34. Juliana Bravo Valencia, Universidad Santo Tomás, Colombia 

35. Daniel Brinks, University of Texas at Austin, EEUU 

36. Stephanie Erin Brewer, Harvard Law School, Mexico, EEUU 

37. Jo-Marie Burt, George Mason University, EEUU 

38. Luisa Cabal, Columbia University, EEUU 

39. José Luis Caballero Ochoa, Universidad Iberoamericana, México 

40. Oscar A. Cabrera, Georgetown University, EEUU 

41. Heber Joel Campos Bernal, Pontificia Universidad católica del Perú 

42. Luis Miguel Cano López, Escuela Libre de Derecho, México 

43. Silvano Cantú - FLACSO – México 

44. Fabián Augusto Cárdenas Castañeda, Universidad Nacional de Colombia 

45. Paolo Carozza, University of Notre Dame, EEUU 

46. Arturo Carrillo, George Washington University, EEUU 

47. Doug Cassel, Notre Dame University, EEUU 

48. Karlos Castilla, Universidad Nacional Autónoma de México 

49. Luis Manuel Castro Novoa, Universidad del Rosario, Colombia 

50. Victor Rodriguez Cedeño, Centro de Solución de Controversias del American College de 

Managua, Nicaragua 

51. Alfonso Chacón Mata, Universidad de Costa Rica 

52. Gardenia Chávez, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

53. Alejandro Chehtman, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina 

54. Javier Chinchón Álvarez, Universidad Complutense de Madrid, España 

55. Gabriella Citroni, Università di Milano-Bicocca, Milano, Italia 

56. Maria Laura Clerico, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

57. Jorge Contesse, Universidad Diego Portales, Chile  

58. Javier Couso, Universidad Diego Portales, Chile 

59. Benjamin Cuellar, IDHUCA, El Salvador 

60. Alexis De Greiff A., Universidad Nacional de Colombia 

61. Rut Diamint, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina 

62. Abigail Díaz de León Benard, Universidad Nacional Autónoma de México 

63. Mariana Díaz Figueroa, Red Latinoamericana para la Enseñanza del Derecho 

Internacional y Derecho Marítimo, México 

64. Kathleen Dill, Mills College, EEUU 

65. María-Cristina Dorado, University of Oxford, Reino Unido 

66. Jaime Arturo Duarte Quevedo Universidad Externado de Colombia 

67. Julie Dubé-Gagnon, Université du Québec a Montréal, Canadá 

68. Bernard Duhaime, Université du Québec a Montréal, Canadá 

69. Gabriela Echeverria, University of Essex, Reino Unido 

70. Antonietta Elia, Università degli Studi di Salerno y Universtà della Calaria, Italia 

71. Sebastián Elias, Universidad de San Andrés, Argentina 

72. Carlos Espósito - Universidad Autónoma de Madrid, España 

73. Dorothy Estrada Tanck, Instituto Universitario Europeo 

74. Ariadna Estévez, Universidad Nacional Autónoma de México, México 

75. Luis Andrés Fajardo Arturo, Universidad Sergio Arboleda, Colombia 

76. María Victoria Fallon Morales - Universidad Santo Tomás, Sede Medellín, Colombia 

77. Andreas Feldmann, Universidad Catolica de Chile 

78. Martin Flaherty, Fordham Law School, EEUU 

79. Rogelio Flores y soy director del Centro de Estudios de Actualización en Derecho, 

México 

80. Evan Fox-Decent, McGill University, Canadá 

81. Víctor M. Muñiz-Fraticelli, McGill University, Canadá 

82. Sergio Fuenzalida Bascuñán, Universidad Central de Chile 

83. Susy Garbay, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

84. Laura Victoria Garcia Matamoros, Universidad del Rosario, Colombia 

85. Soledad García Muñoz, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

86. Roberto Gargarella, CONICET, Argentina 

87. Alejandro M. Garro, Columbia University, EEUU 

88. Carlos Gervasoni, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina 

89. Denise Gilman, University of Texas at Austin, EEUU 

90. Robert Goldman, American University, EEUU 

91. Juan Carlos Gómez, Florida International University, EEUU 

92. Felipe Gómez Isa, Universidad de Deusto, Bilbao, España 

93. Magdalena Gómez, Universidad Pedagógica Nacional, México 

94. Mara Gómez Pérez, Universidad Nacional Autónoma de México 

95. Lorena Gonzalez, ULaSalle-CEDE, Costa Rica 

96. Marcela Gonzalez Rivas, Cornell University, EEUU 

97. Claudio Grossman, American University, EEUU 

98. Elise Groulx , Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI), Canadá 

99. José Antonio Guevara Bermúdez, México 

100. Hernán Gullco, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina 

101. Salvador Herencia Carrasco, Comisión Andina de Juristas, Perú 

102. Ruben Hernandez, Universidad de Costa Rica  

103. Eric Hershberg, American University, EEUU 

104. Barbara Hines, University of Texas at Austin, EEUU 

105. Monica Hirst, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 

106. Alexandra Huneeus, University of Wisconsin Law School, EEUU 

107. Daniela Ikawa, Columbia University, EEUU 

108. Claudia Krinski, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

109. César Landa, Pontificia Universidad Católica del Perú 

110. Flavio Lazos Garza - CIDE Región Centro, México 

111. Francisco Leal Buitrago Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 

112. Paula Lizano, Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

113. Carolina Loayza Tamayo, Universidad Nacional Mayor de San  Marcos, Perú 

114. Carlos Mauricio López Cárdenas, Universidad del Rosario, Colombia 

115. Anne Manuel, Montgomery Blair High School, EEUU 

116. Claudia Martin, American University, EEUU 

117. Diego Julio Martinez, Universidad de Lomas de Zamora, Argentina 

118. Antonio Maués, Universidade Federal do Pará, Brasil 

119. Augusto Medina Otazu,  Universidad Tecnológica del Perú 

120. Santiago Medina Villarreal - Universidad San Buenaventura, Colombia 

121. Tara Melish, State University of New York, EEUU 

122. Juan Méndez, American University, EEUU 

123. Susana Méndez, Universidad Nacional de San Martín, Argentina 

124. Ricardo Méndez-Silva, Universidad Nacional Autónoma de México 

125. Carlos Mendieta Andino, IIDH, Costa Rica 

126. Bruna Molina Webster University, EEUU 

127. Gonzalo Monge Nuñez. Universidad de Costa Rica.   

128. José Antonio Montero, Escuela Jacobea de Posgrado, México 

129. Annabella Morfin, Centro para la Defensa de la Constitución, Guatemala 

130. Javier Mujica,  Pontificia Universidad Catolica del Perú 

131. Vernor Muñoz, Costa Rica 

132. Pastor Murillo, Experto Independiente del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial de la ONU, Colombia 

133. Cecilia Naddeo, Stanford University. EEUU 

134. Ezequiel Nino, Universidad de Palermo, Argentina 

135. Jacqueline M. Nolan-Haley, Fordham Law School, EEUU 

136. Manuel Nuñez Poblete, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

137. Sean O´Brien, Notre Dame University, EEUU 

138. Héctor Olásolo Alonso, Universidad de Utrecht, Holanda 

139. Helena Olea, Universidad Diego Portales, Chile 

140. Vanessa Oliveira Batista, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

141. Jaime Ordóñez, Universidad de Costa Rica-Instituto Centroamericano de Gobernabilidad 

(ICG), Costa Rica 

142. Carolina Ortiz Fernández, Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú 

143. David Padilla, University of Pretoria, Sudáfrica; Silliman University, Filipinas 

144. Manuel Páez Ramírez, Universidad Externado de Colombia, Colombia 

145. Vicente Palermo, Conicet, Argentina 

146. Jo M. Pasqualucci, University of South Dakota School of Law, EEUU 

147. Leigh Payn, University of Oxford, Reino Unido 

148. Carlos M. Pelayo Moller, Universidad Nacional Autónoma de México, México 

149. Rogelio Perez Perdomo, Stanford University, EEUU 

150. Enrique Peruzzotti, Universidad Di Tella, Argentina 

151. Paulo Sergio Pinheiro, ex-comisionado CIDH y Relator para Venezuela, Universidade de 

Sao Paulo, Brasil 

152. Monica Pinto, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

153. Andrea Pochak, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

154. Rene Provost, McGill University, Canada 

155. Alexandra Quintero Benavides, Universidad del Rosario, Colombia 

156. Florabel Quispe Remón, Universidad Carlos III de Madrid, España 

157. Silvina Ramírez, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

158. Socorro Ramírez, Universidad Nacional de Colombia 

159. William Ramirez Fernández, Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Perú  

160. Virginia Marie Raymond, Austin Community College, EEUU 

161. Stella C. Reicher - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil 

162. Angelika Rettberg, Universidad de los Andes, Colombia 

163. Carlos Ríos Espinosa, Mexico 

164. Julio A. Ríos Figueroa, CIDE,  México 

165. Francisco Rivera Juaristi, Universidad de Santa Clara, EEUU 

166. Julio César Rivera (h) Universidad de San Andrés, Argentina 

167. Adriana Victoria Rodríguez Caguana, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

168. Cesar Rodriguez Garavito, Universidad de los Andes, Colombia 

169. Diego Rodríguez-Pinzón, American University, EEUU 

170. Gabriela Rodríguez, Instituto Tecnológico Autónomo de México 

171. Jimena Rodríguez, Universidad Carlos III de Madrid, España 

172. Víctor Rodríguez Rescia. Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos 

Humanos, Costa Rica. 

173. Cesare Romano, Loyola Law School Los Angeles, EEUU 

174. Roberto Russell, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina 

175. Macarena Sáez, American University Washington College of Law, EEUU 

176. Roberto P. Saba, Universidades de Buenos Aires y de Palermo, Argentina 

177. Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte IDH y Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador 

178. María Sofía Sagüés, Universidad Católica Argentina, Argentina. 

179. Daniela Salazar Marín, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador 

180. Pedro Salazar Ugarte, Universidad Nacional Autónoma de México 

181. Elizabeth Salmon, Pontificia Universidad Católica de Perú 

182. Fabian Salvioli, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

183. Fabián Sánchez Matus, Instituto Tecnológico Autónomo de México 

184. Nelson Camilo Sánchez, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia 

185. Silvana Sánchez, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

186. Clara Sandoval, University of Essex, Reino Unido 

187. Miguel Sarre, Instituto Tecnológico Autónomo de México 

188. Jaume Saura, Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona, España 

189. Judith Schönsteiner, Universidad Diego Portales, Chile 

190. Francesco Seatzu, Università di Cagliari, Italia 

191. Ricardo Sepúlveda, Escuela Libre de Derecho, México 

192. José Ma. Serna,  Universidad Nacional Autónoma de México 

193. Alejandro Silva, Universidad de San Martin de Porres Perú 

194. Rocío Silva-Santisteban Manrique  Universidad Antonio Ruiz de Montoya - Jesuitas 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

195. Farith Simon, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador 

196. Catalina Smulovitz Universidad Torcuato Di Tella. Argentina 

197. Angelina Snodgrass Godoy, Universidad de Washington, EEUU 

198. Rodolfo Stavenhagen, El Colegio de México 

199. Nicolás Suárez Colman, Universidad Nacional del Comahue, Argentina 

200. Margo Tamez, University of British Columbia Okanagan, Canadá 

201. Heather Teague, University of Texas at Austin, EEUU 

202. Ruti Teitel, New York Unviersity, EEUU 

203. Juan Gabriel Tokatlian, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina 

204. César Andrés Torres Moreno, Universidad del Rosario, Colombia 

205. Verónica Undurraga, Universidad Adolfo Ibañez, Chile 

206. Rodrigo Uprimny Universidad Nacional de Colombia 

207. Alain Vallières, Université de Montréal, Canadá 

208. Shauna Van Praagh, McGill University, Canada 

209. Bernardo Vela Orbegozo, Universidad Externado de Colombia, Colombia 

210. Soledad Villagra, Paraguay, Universidad de los Andes, Colombia 

211. Carlos Villán Durán, Asociación Española Para El Derecho Internacional 

de Los Derechos Humanos (AEDIDH), España 

212. Jaime Vintimilla, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

213. Silvio Waisbord, George Washington University, EEUU 

214. Richard Wilson, American University, EEUU 

215. Luis Eduardo Zavala De Alba, ITESM, México 

216. Carlos J. Zelada, Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, Perú 

http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/recursos/Carta%20Venezuela%20Mayo10.pdf
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/05/120510_ultnot_academicos_preocupados_por_venezuela_bd.shtml
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120510/academicos-del-continente-preocupados-por-salida-de-venezuela-de-la-ci