23/10/2014

Hidrocarburos: Una ley a la medida de las corporaciones


Maristella Svampa[1] y Hernán Scandizzo[2]
Como ha sido ampliamente publicitado, Argentina es uno de los países que cuenta con mayor potencial de gas y crudo de esquistos junto a EEUU y China. Desde la sanción de la ley de Soberanía Hidrocarburífera, en mayo de 2012, con la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el gobierno se propuso alcanzar el autoabastecimiento a partir de la explotación masiva de yacimientos no convencionales. El contexto de déficit energético, así como la intensa campaña comunicacional asociando empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales, facilitaron su instalación y fueron cerrando los caminos a un debate democrático. Con esta decisión no sólo se redujo el problema energético al abastecimiento de hidrocarburos, sino que se desestimaron otras posibilidades, incluso dentro del limitado universo de los combustibles fósiles.
 No obstante, la imposibilidad de resolver el problema por esta vía ha quedado de manifiesto dos años más tarde. El fracking avanzó en las provincias de Neuquén y Río Negro, impulsado principalmente por YPF, no se concretó el anunciado aluvión de inversores ni los niveles de producción resultaron tan promisorios. El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo suma otras vías: la recuperación terciaria y los yacimientos de la plataforma continental y propone transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar Vaca Muerta asociada con Chevron. Incluso reduce los requisitos: recordemos que el decreto 929 otorga la posibilidad de exportar en 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades al exterior a partir del quinto año de iniciado, en proyectos que demandaran una inversión de mil millones de dólares. La reforma actual contempla los mismos beneficios para proyectos de doscientos cincuenta millones de dólares, esto es, la cuarta parte. Además, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto. También se eliminan trabas a la concentración oligopólica, que existen y no se aplican… y lo más preocupante: habilita mecanismos para que la concesión de áreas sea a perpetuidad.
El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios, tal como establece el convenio 169 de la OIT. Vaca Muerta está lejos de ser un territorio vacío, como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales, pues en ese territorio se asientan más de veinte comunidades mapuches que hoy reclaman su derecho a ser consultadas.
En consecuencia, resulta muy difícil encontrarle aspectos positivos a esta reforma tan importante, que consolida nuevas vías del despojo y el saqueo económico. Al igual que con la soja y la megaminería, nuestro país se perfila como un laboratorio a gran escala en la implementación de una las técnicas de extracción de hidrocarburos más controversiales a nivel global, amparado por un marco regulatorio cada vez más propicio para las inversiones extranjeras. Asimismo, la estigmatización de los sectores ambientalistas, el encapsulamiento en lo local y el silenciamiento de los accidentes (en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen; la pérdida de dos pastillas radioactivas en pozos de Neuquén y una grave fuga de gas en un pozo de shale en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta), hace que las voces disidentes tengan cada vez menos espacios dónde expresar sus posturas.
Es imposible alcanzar la Soberanía Energética si no se apuesta a una política de Estado, es decir, sostenida en el tiempo y destinando recursos para la diversificación de la matriz energética, que depende en un 90% de combustibles fósiles. Por otra parte, hablar de Soberanía Energética no implica solamente apostar al desarrollo de fuentes alternativas (solar, eólica, mareomotriz, hidráulica), sino también evaluar las escalas de los proyectos, garantizando la participación social en el diseño de los proyectos y de las políticas. En suma, implica un nivel de debate y participación, de consideración de abordajes múltiples, que evidentemente esta nueva ley no sólo no habilita, sino que además, pretende clausurar.



[1] Investigadora del Conicet
[2] Periodista, Observatorio Petrolero Sur

Se conoció el Código Procesal: qué es lo que la Presidencia eligió discutir

Se conoció, finalmente, el texto del proyecto de Código Procesal Penal. La discusión, ahora, deberá orientarse a examinar los detalles del mismo, y no la muy peculiar selección de temas que la propia Presidenta escogiera hacer, en cadena nacional, y en relación con el Código. El Código, como ya veremos, combina cuestiones atractivas y preocupantes, y frente a su complejidad aparece la pregunta acerca de por qué la Presidente eligió referirse al mismo del modo en que lo hizo; por qué decidió tocar las cuerdas que tocó en su primer discurso dedicado plenamente al Código; y por qué, además, enfatizó en cada uno de los temas seleccionados, los aspectos más polémicos, y la interpretación menos garantista de las cláusulas seleccionadas.


La respuesta a tales preguntas no es muy difícil: por razones de competencia electoral, la Presidenta decidió acercarse al Código “por abajo”, inyectando en el discurso público temas y enfoques que contaminan al mismo, que ensucian derechos, que alimentan los sospechas sociales, pero que…resultan a la vez productivos en términos políticos. Para decirlo brutalmente: hay que sacarle votos a Massa, y si ello implica  quemar en la hoguera pública el discurso de las garantías penales, o poner en duda la respetabilidad social de los inmigrantes pobres, bienvenido sea. Para decirlo ahora con una respuesta más larga: es preferible siempre ganar un voto, no importa que ello requiera degradar la discusión pública, dándole aliento a los sectores más represivos de su gobierno (léase Berni, Milani, ciertos sectores de los servicios de inteligencia o la gendarmería ocupados del espionaje social, y que ella supo, consistentemente, y a lo largo del tiempo alentar); agitar en público las banderas características del discurso punitivista; mezclar aspiraciones propias del populismo penal y el derecho penal del enemigo; estigmatizar de modo irresponsable al extranjero proveniente de países vecinos; o poner el foco penal de la lucha contra el crimen en los marginales y perejiles nacidos al calor de la Argentina desigual que ella consolidó. No sorprende entonces, y en este sentido, que en cadena nacional, la Presidenta haya escogido al “motochorro” como figura paradigmática de la inseguridad en la Argentina, o como canal apropiado para hablar de la criminalidad –criminalidad que en el país merecería sin dudas otra mirada, en un marco dominado por la corrupción estructural, o el tráfico de sustancias prohibidas desde las propias entrañas del poder.

22/10/2014

Expulsar extranjeros, sin discriminar a ninguno (con pd justificativa y pd2 aprobatoria)

En la Argentina k no se discrimina: no importa si el extranjero es boliviano, paraguayo o chileno. Si es extranjero y se lo encuentra in fraganti, se lo expulsa lo mismo. Y guay que su delito haya causado conmoción social¡ Por la igualdad ante la ley¡ Por más derechos¡

pd: El payasesco jefe de gabinete salió a justificar la expulsión de extranjeros, y dijo (es finalmente su justificación) que se trata de una iniciativa que cuenta con gran consenso. Es decir, puro populismo penal. Espero con gran ansiedad la justificación de los penalistas oficialistas, o penalistas del poder: "bueno, es que hay que poner algún límite"; "bueno, pero sólo para los in fraganti"; "bueno, pero lo mismo hacen en..". Me siento a esperar.

pd2: El genial Massa se apresuró a pronunciarse a favor de la expulsión de extranjeros y por ponerle fin a la "puerta giratoria". No olvidar: les habíamos avisado cientos de veces. Ahora son responsables de ese discurso público, háganse cargo y repitan conmigo: "me equivoqué".

Conmoción social: el sueño del populismo penal

Para los interesados en seguir degradando el derecho penal liberal, la figura que alentó ayer la presidenta -la conmoción social- representa un paso adelante extraordinario: inédito dentro del mundo penal afín al liberalismo. Consistente con la aberración que ya adelantara el gobierno cuando introdujo las "reformas Blumberg" y convirtió al Código Penal en un objeto monstruoso; pero -reconozcámoslo- extraño a la vez para quienes critican el papel de los medios en la vida pública (pensando en ellos, Pettit ideó una figura contraria: su "banco central para las penas", justamente para cortar de raíz cualquier conexión entre castigo y medios de comunicación). Es decir: un horror completo para los defensores del liberalismo penal. Adelante¡ El camino de la reducción de derechos es larguísimo, y hay mucho por andar¡ Populistas penales del mundo, uníos¡

21/10/2014

Los extranjeros son los culpables

Sí señor¡ La presidenta lo dijo: los argentinos nos merecemos que (ella) nos cuide de los extranjeros. Ellos son los que roban, los que usan la efedrina para su propio beneficio, los verdaderos criminales de este país. Y vamos por más: que se termine por fin la "puerta giratoria": "presos desde el primer día", y graduar la prisión de acuerdo a "la conmoción social que cause".

P.D.: Garantistas que apoyaban al gobierno, la puerta (giratoria) de salida está por atrás. Pueden pedir disculpas antes de abandonar la sala.

Perder el expediente

Durante el menemismo, el "recurso de arrancatoria" simbolizó el extremo, patético, al que había llegado la justicia para proteger al poder. Que el ministerio de justicia diga ahora que "perdió" el "expediente Ciccone", y que lo justifique diciendo que "es algo que suele pasar", se convierte en el símbolo más notable de la degradación de la justicia kirchnerista. Aplauso para la etapa superior del menemismo: difícil llegar más lejos.

Miércoles en la Universidad del Litoral



20/10/2014

Para Enrique Petracchi, In Memoriam

Publicado hoy en el diario La Ley



Roberto Gargarella

Comienzo este breve escrito en memoria del Dr. Enrique Petracchi, a través de una anécdota personal que refleja, en mi opinión, el por qué del respeto intelectual y afecto que el juez supo ganarse dentro de la comunidad jurídica. Pocos días después de la sentencia de la Corte Suprema en la causa de la Ley de Medios, escribí algunos trabajos mostrando mis acuerdos y desacuerdos con la decisión del tribunal. El primer texto que publiqué sobre el tema circuló exclusivamente en las redes sociales, y en él comenté por separado los distintos votos de los jueces, para detenerme luego, con más detalle, sobre la opinión del Dr. Petracchi. Examiné su voto, especialmente, teniendo en cuenta el nivel de “escrutinio estricto” que él había escogido para fundar su fallo. En mi opinión, de la elección de dicho “escrutinio estricto” debía derivar un fallo (parcialmente) diferente del que finalmente firmara el magistrado. Aunque mi comentario había circulado de modo azaroso y limitado -como suele ocurrir con los textos expuestos en las redes sociales- sorpresivamente, y muy poco después de tal publicación, recibí una carta de tres páginas, en mi cuenta de correo. Se trataba de una comunicación que provenía del juez Petracchi. En su carta, el juez expresaba –como era habitual en él- de modo cortés, preciso, y con buenos argumentos, por qué es que había llegado a la conclusión a la que había llegado, partiendo de las premisas de las que había partido. La anécdota sintetiza, en mi opinión, lo mejor de Petracchi: en una situación en la que su salud ya daba muestras de fragilidad, en medio de innumerables compromisos públicos y obligaciones personales, a él le interesaba seguir discutiendo, aún frente a una opinión perdida en el entramado de las redes sociales, y que no había trascendido mayormente. En silencio, con perfil bajo, se preocupaba por mostrar que la razón apoyaba sus dichos. Y un detalle más: a él no le interesó en absoluto, en ese intercambio, hacer pública su opinión (tampoco me pidió, por tanto, que hiciera una aclaración sobre su postura, o una corrección en relación con la mía). Le entusiasmaba, simplemente, el desafío de los argumentos de alguien que de buena fe disentía con él, aunque se tratase de una discusión llamada a mantenerse en el anonimato.

Lo que sugiere la anécdota, sobre su disposición controversista, resulta, por lo demás, consistente con lo que expresara Petracchi en ocasión de una extensa entrevista que le hiciéramos (según entiendo, la última entrevista que concedió), desde la Revista Argentina de Teoría Jurídica.[1] Allí, el magistrado sostuvo que era habitual en él, luego de bosquejar una opinión, dársela a leer a sus colaboradores para reunirlos luego bajo un pedido: “ahora, disparen sobre el pianista.” Este compromiso franco con la discusión aparece como el resultado de un largo proceso de formación que Petracchi comenzara en el Colegio Nacional de Buenos Aires; que continuara en su calidad de ayudante y discípulo de algunas de las figuras jurídicas más influyentes de su tiempo (entre ellos, particularmente, los profesores Ambrosio Gioja y Carlos Cossio); y que profundizara en sus discusiones con los mejores juristas de su generación (muchos de ellos agrupados entonces en SADAF, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico). Más tarde, sería él quien ayudaría formar a una camada importante de jóvenes juristas, que colaborarían con su trabajo como juez de la Corte (de modo especial, Enrique Bianchi, pero también Hernán Gullco, Marcelo Ferrante, Irene Valiente, Mario Magariños, Patricia Ziffer, Eduardo Baistrocchi, Guillermo Garay, Raúl Lamuraglia, o María Eva Miljiker, entre muchos otros).

Petracchi se autodefinía como un “liberal inglés”, un “liberal social”, un peronista de una sola línea (“la justicia social”), y se mostraba orgulloso de la descripción que hacían algunos sobre su carácter como magistrado: “un juez a la antigua,” “un juez pasado de moda.” Vivió intensamente sus más de 30 años en la Corte, y se esforzó por dejar en claro tanto el orgullo que sentía por su trabajo en la (así la llamaba) “Corte de Alfonsín”; como el pesar con que recordaba a la “Corte de Menem”. Durante la entrevista que le hiciéramos, el juez describió con una causticidad extrema a sus colegas más “alineados” con el gobierno menemista pero –piadoso al fin- pidió luego que omitiéramos tales referencias. Por el contrario, su rostro se iluminó al hablar del vínculo de republicano respeto que lo unía con el Presidente Raúl Alfonsín, y sobre todo al hacer referencia a dos de sus colegas en la Corte, por quien Petracchi mostraba un cariño entrañable: Genaro Carrió y Jorge Bacqué. Para ellos reservó las palabras más afectuosas.

Lo recordaremos por sus votos, a veces mayoritarios, y muchas veces -particularmente durante los años de la “Corte de Menem”- en disidencia. Volveremos a citarlo por su opinión en “Sejean” (el fallo que abriera el camino a la consagración del divorcio vincular en la Argentina) –una opinión que inmediatamente escogió como su “favorita”, cuando le pedimos que seleccionara alguna de entre las que había elaborado. Seguiremos admirando los muchos fallos “liberales” que él también reivindicaría como distintivos de la “Corte de Alfonsín”: los relativos a la libertad de prensa (“Ponzetti de Balbín;” “Campillay;” “Costa”); los protectivos de las garantías individuales (“Fiorentino,” sobre el allanamiento ilegal del domicilio); o los destinados a asegurar la igualdad ante la ley (“Arenzón,” sobre la discriminación de una persona por su escasa estatura).[2] Lo extrañaremos por su voto en “Bazterrica,” o su disidencia en “Montalvo” (ocasiones en donde Petracchi defendió una fuerte protección para la moral privada y la autonomía personal, como nadie lo había hecho hasta entonces, en toda la historia del máximo tribunal). Volveremos a leer, una y otra vez, su disidencia en el caso sobre la Comunidad Homosexual Argentina, “CHA” (disidencia escrita en buena medida en respuesta al muy conservador voto del juez Antonio Boggiano, y en donde Petracchi sostuviera que cualquier invocación en nombre del “bien común” debía encontrar su límite en los derechos constitucionales, y no a la inversa, como sugería Boggiano en su voto). Recuperaremos, asimismo, su opinión en el caso de la “Ley de Medios” (ley a la que consideró “obsoleta” e inútil desde su nacimiento, pero en torno a la cual sostuvo, también: “diferente es la pregunta acerca de si se ajusta o no a la Constitución”).

A la hora de mirar atrás, y revisar los 150 años de historia de la Corte Suprema, nos encontramos con una mezcla de aciertos, errores, e imperdonables abusos por parte del tribunal principal. Tranquiliza entonces saber que en nuestras reflexiones sobre esa historia amarga, siempre podremos reservar un espacio para el afecto y el sentido orgullo. Hablaremos entonces del legado que nos deja un amigo de lejos, Enrique Petracchi, ese jurista noble.





[1] La entrevista completa puede consultarse aquí: http://www.sigloxxieditores.com.ar/pdfs/entrevista_petracchi.pdf
[2] Petracchi se refirió a estos fallos, por ejemplo, en la otra importante entrevista que concediera, en este caso a la Revista Lecciones y Ensayos, y que puede encontrarse aquí: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/pub_lye_entrevista_petracchi.php

Reportaggio

Reportaje a don Arballo, hoy en Página, con varias coincidencias, acá

19/10/2014

Dos libros sobre derechos sociales

Acaban de salir, en estos días, dos grandes libros sobre derechos sociales. En uno participamos con colegas de Colombia y Chile; en otro escriben los amigos Eze Nino, Gus Maurino, C. Courtis. Bravo¡





Acá info uno

Acá sobre el otro

La entrevista a Petracchi

Enorme repercusión ha tenido la entrevista que le hiciéramos a don Petracchi (la última que concedió) desde la Revista Argentina de Teoría Jurídica. Acá en Perfil de hoy, reproducida en parte. Acá en Siglo XXI, desde link relacionado con nuestra primera Revista en papel con Siglo.

17/10/2014

Cine 3. Caballos: B. Erlingsson / B. Tarr



Hace unos años vi "The Turin Horse," de Béla Tarr, el loco húngaro (digamos, "Satantango," 450 minutos, 7 horas y media). La película me resultó deslumbrante, sobre todo por las tremendas imágenes de potencia equina con las que arrancaba. Pero ayer vi "De caballos y hombres," del islandés Benedikt Erlingsson, y superamos la marca: no sólo por las impresionantes imágenes (de caballos y hombres), sino por la vitalidad (acompañada de muerte) de las varias historias que componen el film, poco hablado y desarrollado en una Islandia patagónica. De dónde salió este personaje, estas historias? Un poco de aire fresco en el cine contemporáneo, por fin¡

Cine 2. Lacónicos y algo fuera de lugar: M. Rejtman / J. Jarmush

En 1992, MR estrenó "Rapado," y ayudó a cambiar para siempre al cine argentino: su influencia fue  extraordinaria (y tan necesaria) sobre toda una generación. Piénsese que la pionera "Pizza, Birra y Faso", de Caetano y cía. es de 1998; "Mundo Grúa," de Trapero, de 1999, y "La Ciénaga" de Martel es del 2001 (le gana en tiempo y lo equipara en influencia, sólo la temprana obra de Agresti -cuando valía realmente la pena).

Sobre MR, como sobre tantos otros (especialmente, autores independientes como Perrone), la influencia parece haber venido sobre todo de afuera: pienso, de modo muy especial, en Jim Jarmush. De él, pero sobre todo de la temprana "Stranger than Paradise," de 1984, MR, Perrone y su generación, tomaron las armas con las que desafiaron al insoportable, soporífero, abrumador cine que dominaba las pantallas argentinas: cine hablado, cine que decía todo, cine que enseñaba de qué iba la vida, cine que moralizaba, cine que no callaba ni sugería nada. 

Comenzó entonces una larga etapa -ya agonizante- de cine Jarmushiano en la Argentina: cine seco, austero, lacónico, de pocos diálogos, de personajes raros y un poco descentrados. 

Ahora bien: pasaron casi 30 años de aquellos días, en cierta medida gloriosos. Jarmush no dejó de ser quien era, pero probó caminos muy diferentes (su última film es de vampiros, pongamos).

MR acaba de estrenar "Dos disparos" (super-elogiada, por caso, por Página y cierta parte de la crítica). Yo me pregunto: no será hora de dejar bien atrás a Jarmush, a "Rapado," al cine seco de personajes un poco descentrados. Dale MR, ya está, ya pasó¡ Demos vuelta la página¡

Cine 1. El sueño de la razón: W. Allen / J. Elster

En "Magia a la luz de la luna," WA vuelve sobre un tema central en sus últimos films (tema que desarrolla de modo especialmente notable en "Match Point"): el lugar del azar (la magia) en la vida. Y de este modo, aparece recorriendo una parábola similar a la del sociólogo marxista Jon Elster. 

Elster comenzó siendo el cientista social de la razón -un símbolo del "rational choice"- para pasar rápidamente a ser, sobre todo, un crítico de la razón (de ahí sus libros sobre la "subversión de la racionalidad", que simbolizaran "Ulises y las sirenas" y "Juicios salomónicos"). En la actualidad -digámoslo así, en su última estación- ha comenzado a simbolizar el escepticismo frente a la razón. Elster ha declarado que durante muchos años pensó que los grandes problemas podían ser enfrentados racionalmente, luego empezó a pensar (...) en los problemas de la hiperracionalidad, y luego, con la vejez, comenzó a resultarle más evidente que era muy poco lo que podía aprehenderse y resolverse a través de la razón. 

En WA se ve algo similar, en la evolución de su obra: de ser el autor cerebral y abrumado por la racionalidad, hace tiempo que pasó a representar al autor que entiende que los grandes problemas dependen de variables que están fuera de nuestro control, y que los caminos del afecto resultan, especialmente en dicho contexto, más promisorios que los intentos vanos de domar aquello que está fuera de nuestro alcance.

Empezó el juicio por la toma del Indoamericano/ Rousseau

Ayer comenzó el juicio a dos tremendos militantes sociales -el tano Nardulli y Diosnel Pérez- por su presunta participación en la ocupación del Parque Indoamericano (info de la audiencia, en donde estuvimos, acá). La toma resultó un evento desgraciado, que en todo caso sirvió para poner de manifiesto el grave problema que miles de familias padecen, en relación con su derecho constitucional  a una vivienda digna (el Código Civil, bien gracias). Frente a esa situación, que implica la activa violación de sus derechos constitucionales (de la Nación y de la Ciudad), el Gobierno de la Ciudad y el de la Nación actuaron como suelen hacerlo, más allá de la retórica para la tribuna: hermanados, se ocuparon de los negocios y descumplieron sus promesas de solucionar la cuestión habitacional. 

Mientras tanto, como no podía ser de otra manera, los únicos que la siguen padeciendo son los de siempre, por un lado los sin vivienda, por otro lado los militantes sociales, para quienes se busca ahora una sanción ejemplar. Tiene que quedar en claro el mensaje que propician el gobierno nacional y citadino: que a nadie se le ocurra protestar. Esperamos que la jueza Cristina Lara sepa comprender lo ocurrido, y poner el foco de su atención en las gravísimas faltas gubernamentales del caso, que explican la desesperación de muchos, por asegurar sus derechos vitales.

Mientras tanto, ayer en el juicio oral, lo de siempre: 

Afuera, los enviados de los medios (muchos oficialistas) tratando de sacar jugo a la posibilidad de criticar a Macri (resultaba gracioso verlos asentir entusiastas cuando los militantes -en declaraciones radiales y televisivas- iban avanzando en su diatriba antimacrista, y retirar los micrófonos presurosos cuando la crítica seguía de largo, hacia el gobierno nacional).

Adentro, el fiscal Cevasco llevando adelante una imputación pobre y manipuladora (fue llamado varias veces la atención, durante las declaraciones de los imputados, por sus preguntas capciosas e indicativas). El fiscal cerró su breve alocución inicial con una insólita cita a Rousseau. Con tono marcial   y profesorial se dirigió a los imputados recordándoles a Rousseau: "el hombre debe someterse al dulce yugo de la ley." Es curioso porque es una cita similar a otra a la que recurro siempre, para sostener exactamente lo contrario que Cevasco: debemos ser esclavos de la ley, sí, en la medida en que seamos sus plenos autores, en que podamos vernos reflejados en ella, en que podamos escuchar nuestra voz cuando ella habla. El efecto es el contrario si lo que ocurre es también lo contrario.

Por eso la cita de siempre a A.Duff:

Si existen individuos o grupos dentro de la sociedad que (en los hechos, aún si de un modo no buscado) se encuentran excluidos de modo persistente y sistemático de la participación en la vida política, y de los bienes materiales, normativamente excluidos en cuanto a que el tratamiento que reciben por parte de las leyes e instituciones existentes no reflejase un genuino cuidado hacia ellos como miembros de una comunidad de valores, y lingüísticamente excluidos en tanto que la voz del derecho (la voz a través de la cual la comunidad le habla a sus miembros en el lenguaje de los valores compartidos) les resulta una voz extraña que no es ni podría ser de ellos, luego la idea de que ellos se encuentran, como ciudadanos, atados a las leyes y que deben responder a la comunidad, se convierte en una idea vacía. Las fallas persistentes y sistemáticas, las fallas no reconocidas o no corregidas en lo que hace al trato de los individuos o grupos como miembros de la comunidad, socava la idea de que ellos se encuentran atados por el derecho. Ellos sólo pueden sentirse atados como ciudadanos, pero tales fracasos les niegan, implícitamente, su ciudadanía, al negarles el respecto y consideración que se les debe como ciudadanos (Duff 2001, 195-6)

15/10/2014

MAÑANA ULTIMA SESION DEL SEMINARIO (atenciòn, A LAS 630)

CON UN POLEMICO TEXTO

CON SU AUTOR, MARCELO ALEGRE

Y CON BRINDIS DE DESPEDIDA

14/10/2014

Plataforma 2012 sobre la reforma del Código Civil (versión completa)

(hoy en Clarín, versión resumida, acá)


SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL

Octubre de 2014

Desde Plataforma 2012 objetamos la reciente aprobación de la reforma del Código Civil. Preocupaciones democráticas nos llevan a rechazar los procedimientos a través de los cuales resultó aprobada la nueva reforma; y razones vinculadas con la justicia social, la ecología y los derechos de los más vulnerables, nos llevan a impugnar su contenido sustantivo.

Sobre lo primero, corresponde señalar que la democracia requiere que los asuntos que afectan a todos sean discutidos y decididos por todos. Esta visión tan básica y extendida sobre el significado de la democracia resulta sistemáticamente desafiada por este gobierno, que ha procurado decidir por sí solo todos los asuntos de relevancia pública –muy habitualmente, y como en este caso, en contra de los intereses mayoritarios- y que considera y trata como enemigos a quienes disienten con él, o proponen variaciones de cualquier tipo sobre lo que él pretende imponer. La acostumbrada desatención que muestra el gobierno frente a quienes no coinciden con sus posturas, debiera haber cedido –al menos- en casos como el presente, referido a una cuestión pública de máxima relevancia: el Código Civil está llamado a impactar directa y seriamente sobre las instituciones más básicas de la vida en común, durante un largo plazo. Sin embargo, el gobierno duplicó su apuesta anti-democrática, y decidió no aceptar modificación alguna del articulado propuesto. Peor aún, y como suele ocurrir, su desatención ante las DISTINTAS fuerzas de la oposición fue de la mano de su pronto sometimiento frente a las pretensiones de corporaciones y grandes grupos de interés. Esta forma de proceder –conviene reiterarlo- no es sólo anti-democrática  e inmoral, sino también contraria a la Constitución.

Las faltas procedimentales en que incurrió el gobierno, en la aprobación del Código reformado, fueron múltiples y todas tienen su punto de partida en su injustificado apresuramiento para aprobar una reforma que era resistida por la oposición y por amplios sectores de la sociedad civil. Este apuro innecesario tuvo como consecuencia primera su negativa a debatir en el Congreso con los legisladores que mostraban aún matices de diferencia frente a la posición oficial (una negativa que se contrapone a la obligatoriedad de la discusión que requiere la Constitución –arts. 78, 83, 100, 106- tanto como el sentido común). Ello, justamente, cuando mayores eran las exigencias y necesidades de la discusión pública.

No hay sorpresa alguna: las serias fallas, sesgos y parcialidades que muestra el Código reformado, en materia sustantiva, resultan una muestra perfecta del tipo de fallas, sesgos y parcialidades del procedimiento con que fuera reformado. Estos fracasos se evidencian en un articulado claramente favorable a muchos de los grupos más poderosos de este tiempo, incluyendo a empresas mineras y petroleras, el gran empresariado en quien el gobierno delegó la gestión de los básicos servicios públicos, o la propia Iglesia Católica.

En cuanto  a los contenidos, el Código reformado eliminó del anteproyecto de reforma toda referencia al acceso al agua como derecho humano fundamental, que organizaciones no gubernamentales y juristas habían reclamado con igual énfasis. Sin dudas, una omisión semejante se articula con la actual política de Estado, tendiente a privilegiar la privatización o mercantilización del agua, que las compañías mineras y petroleras demandan. Del mismo modo, el Código reformado modificó el tipo de referencias que hacía, en su redacción anterior, en relación con el llamado “camino de sirga”. Dicha institución en las últimas décadas, y gracias a largos procesos de lucha popular, se había convertido en un modo de garantizar el acceso público a los ríos, y una manera de preservar los ecosistemas costeros. Esperablemente, y a raíz de los cambios ahora incorporados, no sólo se reduce de 35 a 15 metros este camino sino, mucho peor, se le quita el carácter de "camino público" que éste tenía. Sus consecuencias prácticas son inmediatas: se elimina el acceso público a la totalidad de los ríos de nuestro país y con ello, nuevos alambrados volverán a poner límite al uso común de recursos que son de todos.

El perfil anti-popular del Código aparece reforzado por la ausencia de un compromiso claro con la función social de la propiedad; el modo en que decidió ignorar (en lugar de fortalecer) las acciones colectivas; la injusta supresión de la responsabilidad parental para la mayoría de las personas privadas de libertad; el desplazamiento que propuso frente a los derechos de las comunidades indígenas; los claros guiños que hace a la tercerización y precarización laborales; o la nueva normativa a la que –por cuerda separada- abrió lugar, para limitar la responsabilidad de los funcionarios públicos.

En un país que en los últimos años ha implosionado en materia de  desigualdad y pobreza, el máximo instrumento de regulación de la propiedad no dice nada sobre aquellos que han quedado privados de propiedad o habitan en viviendas precarias. En contraste, el nuevo Código se apresura a registrar aquellos cambios que pueden interesar a los sectores más ricos (llámese countries, cementerios privados o tiempo compartido).

Ciertamente, no podemos dejar de reconocer elementos positivos, referidos a los derechos de familia (régimen patrimonial matrimonial, divorcio a requerimiento de uno de los miembros, reconocimiento de uniones convivenciales, pleno acceso a la adopción, reconocimiento de distintas identidades de género, matrimonio civil sin discriminación de la orientación sexual). No obstante, el nuevo Código decidió suprimir otros cambios que se habían incorporado en el anteproyecto reformado en materia de familia –cambios que habían estado marcados por un pensamiento más  acorde  a las nuevas conquistas sociales, como las  de  género,  a  avances  científicos y  a nuevas realidades de la época. Contra ellos, decidió impulsar una serie de modificaciones ajustadas a las pretensiones de la Iglesia Católica, que han quedado simbolizados en un art. 19 que considera que la existencia de la persona humana comienza en la concepción.

Desde Plataforma 2012 consideramos que las deficiencias señaladas representan sólo una pequeña muestra de los graves problemas que afectan al nuevo Código. El mismo debiera haberse convertido en el gran instrumento nacional para la regulación de instituciones como la propiedad o la familia, conforme a las necesidades y requerimientos del nuevo siglo. Sin embargo, y contra tales esperables tendencias, el Código vino a consagrar un estado de cosas conservador e injusto, destinado a receptar y consolidar las injusticias y desigualdades que caracterizan hoy a nuestra sociedad.

13/10/2014

Martes: Charla con J.Altamira (PO) en La Plata, sobre derecho penal y protesta


Charla-Debate sobre "Derecho, seguridad y protesta social" con Gargarella y Altamira
El Instituto de Cultura Jurídica invita a los/as docentes, los/as estudiantes y al público en general a la Charla-Debate sobre "Derecho, seguridad y protesta social", que se realizará el martes 14 de octubre, a las 18hs, en el Salón de los Espejos (2º piso) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

La reforma constitucional del 94, 20 años después


(publicado hoy en Clarín)

Quisiera hacer un balance crítico de la Constitución reformada en 1994, sin olvidar los progresos que ella ha traído, y que permiten decir que, a pesar de sus errores y limitaciones, ella mejoró a la Constitución original, de 1853. De modo muy sintético: la actual Constitución es más robusta que aquella, en materia de derechos; ha adoptado un perfil social que en la versión original estaba ausente; ha introducido modificaciones leves en la estructura de gobierno –como la adopción de un Jefe de Gabinete- que hoy se expresan en versiones degradadas, pero que podrían cobrar vida en un eventual gobierno de coalición; ha asumido un compromiso más extendido con las elecciones directas (que alcanzan, de modo relevante, al Jefe de Gobierno de la Capital Federal); ha ayudado a transparentar la elección de los jueces; se ha abierto más decisivamente al derecho internacional de los derechos humanos; y ha tomado partido por derechos colectivos (de las mujeres, de las comunidades indígenas) a los que antes le daba la espalda. Se trata de mejoras relevantes, que deben ser agradecidas a sus autores. Y sin embargo, las quejas existen, y los problemas que en ella permanecen, se incorporan, o se agravan, son numerosos.

Las principales fuentes de sus problemas anidan en el origen mismo de la reforma, definido por dos hechos serios, entre sí vinculados: el afán reeleccionista del entonces presidente Carlos Menem; y el llamado “Pacto de Olivos,” que vino a materializarlo. El primer asunto –la reelección- marcó la identidad de la Constitución: ella se escribió motivada por objetivos de corto plazo. El dato no es menor, porque el buen constitucionalismo es el que sabe identificar y busca resolver los grandes problemas o dramas nacionales, como lo fuera el drama de las “facciones”, tempranamente, en los Estados Unidos; o el drama de la independencia no consolidada, en el primer constitucionalismo latinoamericano. Del segundo asunto –el “Pacto de Olivos”- deriva un segundo rasgo identitario de la Constitución reformada: la Constitución se convirtió en un documento de “transacción”, con algunos de los defectos propios de los textos así elaborados.

En tanto reforma de “transacción”, la nuestra lo fue en una de sus formas menos atractivas: ella procuró siempre acumular, antes que sintetizar pretensiones encontradas. De este modo, reforzó otro mal habitual en el constitucionalismo latinoamericano. Por ejemplo: una Constitución “sintetiza” cuando, frente a las pretensiones hegemónicas de grupos religiosos opuestos, propone la tolerancia de todas las religiones. En cambio, ya la Constitución de 1853 optó por la “acumulación” como estrategia, y ante las opuestas demandas de conservadores católicos y liberales, ella prefirió “sumar”, uno sobre otro, ambos reclamos: libertad religiosa en el artículo 14, status preferencial para el catolicismo en el artículo 2. La reforma de 1994 volvió a insistir con esta errónea aproximación acumulativa, destinada sólo a eludir conflictos. Así, por ejemplo, al adoptar un presidencialismo reforzado pero al que se adosara un Jefe de Gabinete; o al agregar un tercer Senador para la minoría (con lo cual evitó modificar las funciones del Senado, acallando a la vez a quienes se le oponían).

En sentido similar, la Constitución reformada no logró acomodar adecuadamente al texto “viejo” con el “nuevo”, con lo cual hizo posible que las estructuras vigentes dificultaran la llegada de instituciones o derechos nuevos. (i.e., el “nuevo” Consejo de la Magistratura frente a la “vieja” Corte Suprema; derechos de propiedad clásicos vs. propiedad comunitaria).

Finalmente, la Constitución reformada reprodujo algunas de las fallas propias del “nuevo constitucionalismo” latinoamericano. Por un lado, la Constitución se desentendió de las condiciones materiales requeridas por cualquier documento legal para ganar vida -como si fuera indiferente la existencia de un contexto “neoliberal” para una Constitución ambiciosa en términos “sociales”. Por otro lado, ella volvió a insistir en una estructura interna “escindida” (o de “dos almas”): una sección de derechos social y democrática, que aparecía junto a una organización del poder vertical, decimonónica. Ello así, como si las garantías sociales entonces reforzadas fueran compatibles con un acceso restringido a la justicia; o como si los impulsos participativos alimentados desde la sección de derechos pudieran convivir armónicamente con una autoridad política cada vez más concentrada.