26 de mar. de 2015

Los derechos sociales y la Corte de la dictadura

De don Horacio E., acá


1. Doce abogados conservadores. Tras el golpe de 1976, la dictadura nombra una nueva Corte Suprema. Sus integrantes provienen del ala civil católica y conservadora de la coalición golpista. Hasta diciembre de 1983, doce abogados van ocupando los cinco sillones del tribunal: Horacio Heredia (1976-1978), Adolfo Gabrielli (1976-1983), Alejandro Caride (1976-1977), Federico Videla Escalada (1976), Abelardo Rossi (1976-1983), Pedro J. Frías (1977-1981), Emilio Daireaux (1977-1980), Elías Guastavino (1978-1983), César Black (1980-1983), Carlos Renom (1982-1983), Julio Martínez Vivot (1983) y Emilio Gnecco (1983). Varios son docentes de universidades católicas y casi todos tienen experiencia en la Justicia y en la función pública durante gobiernos militares.
El sector liberal de la coalición se queda, principalmente, con el Ministerio de Economía. Allí se instala José Martínez de Hoz, ex presidente de Acindar y del Consejo Empresario Argentino.
2. La misión de la Corte en la dictadura. Los comandantes de las Fuerzas Armadas integran la Junta Militar, órgano supremo del Estado, que designa como Presidente a uno de sus integrantes: Jorge Rafael Videla, comandante del Ejército. Se clausura el Congreso; la facultad de legislar queda en manos del Ejecutivo. La dictadura tiene el objetivo de refundar la Argentina, restaurando el orden y la disciplina social, para impulsar la productividad mediante la liberalización económica. Esto exige suprimir conquistas laborales, destruir las organizaciones de la clase obrera y eliminar empresas nacionales no competitivas. Para garantizar esos objetivos, la dictadura lleva adelante una despiadada represión, tanto pública como clandestina, contra cualquier forma de resistencia. La desaparición forzada de personas, la tortura y la detención sin límites, además de la apropiación ilegal de niños y niñas son las marcas más conocidas de esta política de terror llevada adelante desde el Estado.
Durante esos años, la Corte Suprema tiene una misión difícil: mantener la ficción de que existe un orden legal y así aportar cierta legitimidad al régimen, pero sin afectar la ejecución del terrorismo de Estado ni la implementación del plan económico neoliberal. 
Probablemente, el tribunal tiene otros dos objetivos propios: promover elementos de su ideario conservador y, en la medida de lo posible, continuar más allá del final de la dictadura, para convertirse en la Corte de la “normalidad” institucional.

3. Los derechos sociales en la ficción dictatorial. 
La complicidad de esa Corte con la dictadura es el eje de un reciente libro coordinado por Juan Pablo Bohoslavsky: ¿Usted también, doctor?, donde más de veinte autores analizan el rol de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura. ¿Qué hicieron, qué deberían haber hecho? ¿Qué legado de aquel tiempo sigue vivo hoy?
Generalmente se denuncia la actuación de la Corte en materia de derechos civiles y políticos. En mi caso, contribuí en ese libro con un capítulo que analiza lo ocurrido con los derechos sociales: los derechos del trabajo, de las organizaciones sindicales y de la seguridad social.
Allí la Corte pone su energía en restaurar el orden y la disciplina laboral, asegurando a la vez un amplio margen de actuación para que el Poder Ejecutivo recorte o elimine derechos sociales. Para ello, el Tribunal evita pronunciarse frente a los reclamos contra las leyes y decretos dictatoriales que prohíben la huelga, intervienen los sindicatos, facilitan los despidos o expulsan empleados públicos. Usa argumentos formales para no revisar esos casos. Cuando finalmente decide analizar uno de tales planteos, suele convalidar la acción del Ejecutivo; le reconoce amplias facultades invocando la doctrina legal de la “emergencia”. En contadísimos casos y tras mucho tiempo -destacando que se trata de una excepción- declara inconstitucional alguna medida laboral de la dictadura; pero sólo ordena pagar indemnizaciones. No reincorpora delegados gremiales despedidos ni empleados públicos declarados “prescindibles” sin causa o por acusaciones políticas. No ordena restituir el derecho vulnerado: lo canjea por una cifra en dinero.
En materia de seguridad social, el tribunal promueve sus ideas conservadoras: siempre invalida las pensiones por viudez si no hay matrimonio legal. Quedan fuera las parejas de hecho o a las personas divorciadas y vueltas a casar en el extranjero. Solamente la familia tradicional merece protección.
La apuesta por la continuidad no resulta exitosa. La Corte no logra mantenerse más allá del final de la dictadura, pese al apoyo de algunos juristas. Si bien en diciembre de 1983 deben abandonar sus cargos, nunca son llamados a responder judicialmente por su participación en la dictadura.
4. Todavía vivo. Hoy debemos denunciar el legado de aquella Corte, también en materia de derechos sociales. Sobre bases conservadoras o liberales, todavía hay quienes subordinan estos derechos a las emergencias o a una concepción antigua del derecho de propiedad. A veces se describe a los derechos sociales como privilegios, o se dice que hay que ganarse la educación, la vivienda o la salud con esfuerzo, con méritos o con dinero. Otras veces se condicionan estos derechos a una actitud obediente, o a la presentación de certificados de pobreza. Todavía se exige a trabajadores y gremios justificar derechos que llevan más de medio siglo en la Constitución. Hay quienes proponen que los tribunales no los hagan valer, o que sean canjeados por dinero. Hoy también debemos encontrar y denunciar estas visiones formalistas, restrictivas y evasivas por las que, aun bajo un marco constitucional, los tribunales, el Congreso y la administración siguen negando o postergando los derechos sociales.

24 de mar. de 2015

La Constitución como mero límite? (sobre el debate Correa Sutil-Letelier, en Chile)

El joven profesor Raúl Letelier, aquí, sostuvo que la Constitución no puede ser leída exclusivamente como límite. Un artículo como el definido por la Constitución chilena en materia educativa 

no puede ser entendido simplemente como un límite a las acciones estatales. Estas expresiones reflejan también una orden de ejecución, un mandato de optimización.


En este artículo, acá, también aparecido en Diario Constitucional, don Jorge Correa Sutil le replica de un modo fuerte pero en general respetuoso. Y señala:

El error que veo en las lamentaciones de Letelier se extiende mucho más allá y amenaza, de la mano de una pléyade de neo constitucionalistas progresistas, con debilitar mucho más nuestra frágil democracia, esta vez en manos de juristas más atentos a los debates del hemisferio norte que a los males de la política chilena. Ellos se aprontan a escribir una Constitución extensa en derechos justiciables de orientación diversa a la liberal que nos rige. El resultado inevitable será mantener privado del derecho y responsabilidad de realizar esos derechos a la política para llevarla a la judicatura. Todo en detrimento del poder del electorado y para privilegio de juristas.

Letelier le responde acá. Para él, 

las normas constitucionales no son sólo un límite al poder sino también la consolidación de un programa que define los principales bienes o intereses sociales que los poderes públicos deben implementar.


Comparto con RL una cierta perplejidad ante la posición de don Jorge CS, y los argumentos que presenta. El solo párrafo citado se excede en afirmaciones impropias, difíciles de aceptar. Ante todo, no hay algo así como una "pléyade de neo constitucionalistas progresistas", ansiosos por debilitar a la democracia (o, peor aún, capaces de hacerlo, por pura ingenuidad); la democracia chilena parece bien consolidada antes que frágil; es duro y molesto descalificar al adversario como si estuviera fascinado por "los debates del hemisferio norte" o como si no entendiera la forma de traducirlos o pensarlos conforme al contexto propio de la política chilena; es indebido acusar al que criticamos como si estuviera trabajando para el mero "privilegio de los juristas" (por lo demás, comparado con qué?, y con quién trabajando para quiénes?)

Por lo demás, la práctica latinoamericana niega una y cien veces que las Constituciones "extensa(s) en derechos justiciables" hayan debilitado a la Constitución, a la democracia o a los propios derechos. Más bien todo lo contrario: aún cuando haya Constituciones innecesariamente extensas; o se hayan incorporado como derechos, en algunos casos, intereses que no califican como tales; o tengamos hoy listas de derechos desprolijas en algunos casos, no es cierto que ello haya venido de la mano de una mayor desprotección de los derechos. Más bien todo lo contrario: la práctica jurídica en una mayoría de los países latinoamericanos muestra el valor de contar con una diversidad de derechos (también, por supuesto, sociales, económicos, culturales y multiculturales), y la importancia de que los mismos encuentren reconocimiento constitucional, para favorecer la protección de los mismos -que es lo que en definitiva importa. En lo personal, no tengo dudas de que Constituciones robustas en materia de derechos son preferibles a otras más austeras o espartanas en materia social, como las de Estados Unidos o Chile: dicha austeridad constitucional es habitualmente utilizada como excusa, por los tribunales, para no dar protección a derechos (i.e., welfare rights) que merecen ser protegidos.

Finalmente, y lo que es más importante, la idea según la cual

el resultado inevitable será mantener priivado del derecho y responsabilidad de realizar esos derechos a la política para llevarla a la judicatura. Todo en detrimento del poder del electorado y para privilegio de juristas.

resulta incorrecta por varias razones. Por un lado, porque la sugerencia de que la intervención judicial impide la intervención de la política es incorrecta como descripción y falsa como predicción. En segundo lugar, porque lo que criticamos los que defendemos una postura "mayoritarista-pro-política" no es la posibilidad de la intervención judicial, sino el tipo, modo, alcance de ciertas intervenciones judiciales. En tercer lugar, la intervención judicial, por caso, puede ser -como lo ha sido muchas veces en América Latina- promotora de la política, antes que "preemptive" o de reemplazo de aquella. En cuarto lugar, tampoco es cierta la sugerencia según la cual el status quo favorece a los derechos (tratados por la política), y es más falsa aún la idea de que dicho estado de cosas favorece "el poder del electorado" -un poder hoy menguado de miles de modos por la política, en toda América Latina, y en particular en Chile. Se dirá entonces "peor todavía si el terreno lo copan los jueces." Es posible, si es que incurren en dicha impropia conducta, actuando de los peores modos. Pero sin olvidar nunca que i) hoy también intervienen, y no lo hacen muy bien (es decir, no estamos comparando "futura intervención posible, frente a actual aceptable omisión", sino dos intervenciones, una riesgosa y la otra normalmente mala); y ii) hay formas de intervención judicial posible (formas dialógicas de cierto tipo -no cualquier cosa que se haga en nombre del diálogo) que son perfectamente defendibles, aún a la luz de concepciones robustísimas de la democracia.


22 de mar. de 2015

La CCCC (Corte Constitucional Colombiana en Crisis)



A partir de un reciente caso de corrupción, que afecta directamente a uno de los magistrados, y del modo en que -acorralado por la situación- el juez inculpado comenzó a revelar inmundicias de la vida al interior del tribunal, la afamadísima Corte Constitucional Colombiana entró en grave crisis de prestigio y legitimidad. Se puede ver, por ejemplo, un informe durísimo al respecto, acá ("Todo se derrumbó", se titula); un par de notas de cautela de nuestro amigo Rodrigo Uprimny Y., acá y acá; un texto con preocupación política, de don César Rodríguez G., acá; y otro propositivo, de don Gonzalo Ramírez C., acá

De mi parte, creo que hubo un problema de diagnóstico en no reconocer el tipo de institución con el que se estaba lidiando, y un exceso de confianza en las capacidades de la misma para sobreponerse a dificultades previsibles. Esos errores de diagnóstico, me parece, se advierten hoy también, frente a la crisis. En cantidad de diálogos con mis buenos colegas de por allí, repetí siempre mis prevenciones sobre el tribunal: podía estar tomando decisiones espectaculares, pero se trataba siempre de un órgano sobre el cual la ciudadanía tiene muy poco control; demasiado dependiente de la calidad de sus miembros y -peor tal vez en este caso- de renovación periódica a través de un sistema tal, que permite a un par de gobiernos de cierto tipo (digamos, como ha sido la regla, conservadores) desmantelar a la mayoría existente, y reemplazarla por otra amiga, o de poca calidad.

El problema lo habíamos archi-conocido en los Estados Unidos, donde una década de fascinación progresista con la Corte Warren, llevaron al fortalecimiento doctrinario del tribunal, y larguísimas décadas de demoledora sequía conservadora (de Rehnquist a Scalia y Alito). 

Los colegas colombianos me decían que no iba a -no podía- ocurrir lo mismo en Colombia: la jurisprudencia asentada ya era muy fuerte (???); estaba la fuerza del precedente; estaba un equipo de magistrados auxiliares, personal y secretarios de lujo, que formaban a las nuevas camadas e influían sobre los jueces; había demasiado prestigio encima; que el sistema de nombramientos cruzados bloqueaba las posibilidades de malos cambios bruscos, y etc. etc. Pero no: era claro que se trataba de pompas de jabón, que podían barrerse con un firme soplido conservador. Quiero decir, un presidente conservador animado a terminar con la Corte, o con una cierta mayoría en la Corte, podía hacerlo sin mayores dificultades.

Otra vez, el pensamiento de avanzada se quedó colgado de un tribunal frente al que sucumbió de fascinación (ahora mismo viene ocurriendo algo similar con la Corte Interamericana, y vuelve y volverá a ocurrir lo de siempre). No se trata de criticar a la CCC, ni de tumbarla: es claro que, frente a la perdición política que parece arrastrar a veces al país (no digo nada del mío¡), la Corte fue una extraordinaria tabla de salvación y esperanza. Se trata sin embargo, sí, de pensar mejor jurídicamente: de pensar en términos de instituciones y no de "serie de decisiones que me gustan". La "serie de decisiones que me gustan" de un presidente x, mañana se convierten en la serie contraria (mucho más fácil en el caso del presidente, sometido a la presión de grupos de poder, y a la tentación del propio enriquecimiento, como el caso de los K lo re-ratifican en mi país). La "serie de decisiones que me gustan" de una Corte x, pueden cambiar mañana, cuando la coalición en el poder se enoje con aquella y empiece a socavarla. Pensemos en términos de instituciones y no de personas. Pensemos en términos de instituciones teniendo en cuenta, sobre todo, cuánto podemos influir sobre ellas: cuánto es nuestro poder de decisión y control en el "durante" (no en el momento de nombramiento o remoción). Si la respuesta es "muy poco", entonces, es hora de cambiarla y sino, como ahora, estamos perdidos.

Impugnación de la ADC al pliego de Carlés

Muy buen trabajo de la ADC, acá

17 de mar. de 2015

Poder judicial y democracia

Primera parte de un reportaje que me hacen desde Borde Jurídico, acá
Segunda parte, acá

Dworkin y la igualdad

Nota que publico en Ñ, acá

Caputo sobre Rafecas

Muy buena nota del ex Canciller (cada puntada con hilo) en crítica a la decisión de Rafecas, acá

15 de mar. de 2015

La "maquinaria Néstor": Se trata de un crimen

Hay quienes, como Mujica o Tabaré Vázquez, toman la presidencia como servicio. Otros, como Berlusconi o los Kirchner, toman el poder como base para expandir los negocios privados. Las excusas pueden variar (“lo hago porque sé cómo administrar las cosas,” “lo hago porque hay que ser millonario para poder hacer política en este país”), pero lo que les importa realmente son los negocios. En la mejor descripción, la más piadosa, ocurre que el medio se les convierte en fin. En la peor, ocurre que lidiamos con simples criminales.

Pero han ganado, decía, en su política de intimidación: han tenido éxito en hacernos pensar que la denuncia de un crimen es el crimen. Para que quede claro: si acá o en cualquier país, los principales contratistas de la obra pública -los que ganan, una tras otra, todas las licitaciones importantes (en nuestro caso, Báez y López)- "retornan" dinero al gobernante, todos los meses, contribuyendo a los negocios privados, públicamente admitidos, del jefe del Ejecutivo (negocios privados que siguen generando crecientes ganancias durante la Presidencia), estamos frente a un caso de corrupción estructural gravísima, montada desde la Presidencia, que constituye un crimen apoyado en el Estado -un crimen de primera magnitud, que amerita juicio político, y que es inaceptable sin excusa alguna, incondicionalmente. No se trata de una desprolijidad, sino de un delito. No se trata de un hecho ocasional, sino de una maquinaria montada para delinquir, desde el poder. Y la crítica no se debe a que uno sea golpista, sino al hecho del delito. Y no debe verse en la crítica la expresión de un deseo de venganza, sino una búsqueda de justicia. Que no se deriva del odio, sino de principios. Que no viene de la oposición ciega, sino de la vocación de que se cumplan normas mínimas de respeto mutuo: El poder no puede usar los privilegios enormes con los que cuenta, para el enriquecimiento personal, para mejorar sus negocios privados, a través de negociaciones incompatibles con su función. No porque uno lo quiera definir de ese modo, sino porque de eso se trata la vida en un estado de derecho. No porque uno quiera favorecer un republicanismo bobo, sino porque uno defiende un republicanismo obvio: el autogobierno colectivo, contra la idea de que se constituya una mafia desde el poder, para el propio beneficio de los que gobiernan, que luego derivan consuelos al resto, para que nadie los delate. El kirchnerismo estigmatiza la "indignación", que ha sido motor del cambio social, en toda la historia: no hay que creerles, lo hacen para seguir encubriendo delitos.


14 de mar. de 2015

Viaje a la izquierda del derecho penal, 5. Duff/Democracia

Hoy me tocaba exponer a mí. Presenté algo sobre el valor de democratizar el derecho penal. Se trata, sostuve, de un área que debe ser más firmemente sujeta a la democratización -y no, como suele sostenerse, más impermeable a ella- justamente, por lo que está en juego: el uso de la coerción estatal en su peor forma.

Presenté algunos argumentos sobre por qué y hasta dónde llevar adelante esa democratización (en la creación, aplicación e interpretación del derecho penal).
Y luego elogié/critiqué el trabajo de Duff, al que considero, por un lado, ejemplar y pionero, en cuanto a la apertura que ha mostrado a la cuestión de la democratización, pero también ilustrativo, en cuanto a las resistencias que muestra al respecto. Sostuve, entonces, que su trabajo -como el de tantos de nosotros- tiene "dos almas": una liberal y una democrática. Y (le) dije que era hora que asumiera a fondo las consecuencias de su compromiso con el polo democrático (lo cual no implica echar por la borda los compromisos liberales, pero sí correrlos de lado en cuanto a los frenos innecesarios que hoy impone frente al proyecto democrático: control judicial; definición de los delitos; discurso sobre la "mala in se"; resistencia a la revisión colectiva de las decisiones en materia criminal, etc.). Duff aceptó la descripción que hacía de su trabajo, y discutimos luego sobre el "hasta dónde llegar" con la apertura democrática. Notable el modo en que el derecho penal, aún en sus mejores voces, no se anima a abrir las puertas en la materia. Pero grandes pasos adelante también¡

p.d.: en la foto, con don Antonio Duff y don JLMartí

13 de mar. de 2015

Viaje a la izquierda del derecho penal, 4. Lerman/Desigualdad racial

En un trabajo sobre la desigualdad racial y su impacto sobre la justicia penal, A.Lerman y V. Weaver critican el impacto de la doctrina del "color-blindness" en los Estados Unidos, y critican sobre todo el modo en que ha sido utilizada por los tribunales de su país. 

Uno de los puntos más interesantes del texto, sin embargo, se encuentra en la sección final, plagada de ejemplos sobre las discriminaciones efectivas que se producen, a partir de medidas "en apariencia neutrales".

En tal sentido, y refiriéndose a la política norteamericana de "guerra contra las drogas," las autores recogen este ejemplo de Michael Tonry: "Si los aprehendidos por posesión de crack hubieran recibido una sentencia equivalente a la que han recibido los detenidos por uso de cocaína, en lugar de sentencias 100 veces más duras, nos habríamos ahorrado un total acumulado de 24000 años de prisión, beneficiando en el 90 por ciento de los casos a los Afro-Americanos." Caramba.

El primer veredicto

1) Qué buena noticia, ayer, que haya tenido lugar el primer juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires (acá); que se haya desarrollado bien; que las partes hayan hecho una intervención responsable, que las llenó de orgullo; y que para colmo el veredicto haya sido por la inocencia del acusado. Esto, en todo caso, para desmentir una vez más la conexión boba entre participación popular y punitivismo, que ha venido trazando "sin dudas pero sin pruebas" (verguenza propia de la época), una parte importante de la doctrina penal (incluso, o especialmente, de la doctrina penal progresista, incluyendo a ERZ y LF).

2) La afirmación anterior no es dependiente de "un solo caso," porque esa misma actitud moderada (menos punitivista que el promedio de las decisiones de la justicia tradicional), es la que se ha venido afirmando en el resto del país. En Córdoba, por caso (ya nos referimos a ello varias veces) tenemos a un buen equipo de sociología del derecho (que trabaja con MIBergoglio), que viene estudiando el funcionamiento real de los jurados de la provincia, y verificando el mismo tipo de resultados (por ejemplo, acá).

3) Decir esto es compatible con la crítica habitual que hacemos al jurado, que no es crítica por las razones que alega el progresismo-antidemocrático regional, sino por las razones contrarias: jurados para pocos casos, jurados con pocas funciones, jurados con capacidades limitadísimas. El problema no es lo mucho que hacen, sino lo poco que se les permite hacer. Así, tiene poco sentido hablar de "democratización" o participación popular en la justicia.

Viaje a la izquierda del derecho penal, 3. Ramsay/Igualdad política



P. Ramsay presenta un trabajo curioso, vinculando derecho penal, castigo y democracia. Procura, de una manera que no considero exitosa, desarrollar una “teoría democrática del aprisionamiento”, capaz de “limitar las circunstancias en que la libertad de un ciudadano puede ser sujeta a coerción legítima,” a aquellas que sean consistentes con la “igualdad política de los ciudadanos”; y al mismo tiempo “limitar las condiciones en que los ciudadanos pueden ser detenidos a aquellas que sean consistentes con su igualdad política.”

En el camino, hace algunas afirmaciones de interés, como la siguiente: la “libertad civil” representa una característica esencial de la igualdad política, y ello explica “por qué todo y cada acto de aprisionamiento implica una denegación de la igualdad política”: al privar a alguien de su igualdad política, se lo priva, como ciudadano, de “su derecho al movimiento, a hablar libremente, a reunirse en asambleas, a asociarse, a disfrutar de su vida privada” –se lo priva de todo lo que es esencial, lo que distingue y da sentido, a su condición de ciudadano.

Esta conclusión, dice Ramsay, se contrapone con una idea muy influyente entre los reformistas penales, según la cual se deben reconocer los derechos de los prisioneros porque ellos también son ciudadanos. Dice Ramsay, en cambio: “dado que los prisioneros carecen de libertades civiles, insistir en su ciudadanía es no tomar en cuenta hasta qué punto las libertades civiles representan un componente esencial de la ciudadanía democrática. Desde el punto de vista de la reforma penal, el argumento según el cual los prisioneros son ciudadanos es perverso porque presenta al aprisionamiento como consistente con la continua ciudadanía de una persona, y de ese modo, implícitamente, normaliza a la prisión y socava los argumentos en contra del encarcelamiento masivo.”


12 de mar. de 2015

Brinks/Constitucionalismo latinoamericano

El amigo -y gran académico- Dan Brinks, comentando el último libro de G.Negretto, y el que yo publicara (ambos sobre constitucionalismo latinoamericano), acá

Derecho y participación popular

Fragmentos de una conferencia que diera en la UNAM, hace unos días, acá

Viaje a la izquierda del derecho penal, 2. Barker/Confianza


Se acerca el seminario Duffiano, y seguimos un poco más con la crónica de lo que viene. Vamos sobre Vanessa Barker:

Vanessa Barker enseña en la Universidad de Estocolmo, y es una joven pionera en los estudios que combinan democracia y castigo. Ella estudió las tensiones que existen entre la democracia y el encarcelamiento como respuesta habitual frente al crimen (ella publicó en Oxford UP, en el 2009, un libro interesante sobre “The Politics of Imprisonment: How the Democratic Process Shapes the Way American Punishes Offenders”). En aquel libro, en particular, desarrolló un estudio empírico en el que procuró mostrar cómo se correlacionaba la (llamémosla así) erosión democrática con el “encarcelamiento masivo,” y –por el contrario- el fortalecimiento democrático con la reducción de los niveles de encarcelamiento.

Barker es de las pocas personas que han pensado en la relación derecho penal y democracia desde una perspectiva directamente afín a la idea de democracia deliberativa. Se (auto)inscribe, en este sentido, en una modesta pero creciente y significativa lista de autores que consideran que “más debate público, más involucramiento público, más deliberación pública, más confianza pública, pueden reducir los niveles de la represión estatal”. Menciona dentro de este grupo a John Braithwaite, Albert Dzur, Ian Loader, Richard Sparks, Mike Rowan, entre otros (varios de ellos están presentes en este seminario).


Para el seminario, preparó un trabajo centrado en la idea de confianza (trust) –(en línea con aquellos famosos trabajos de Robert Putnam, Bowling Alone, etc.)- enfatizando el valor y la importancia del fortalecimiento de los lazos comunitarios (digámoslo así) como forma de enfrentar el drama del encarcelamiento masivo. Contrasta, por caso, los niveles extraordinarios de encarcelamiento existentes  en los países de Europa del Este, con los bajísimos niveles distintivos de los vecinos países escandinavos, y trata de explicar esas diferencias a partir de ese elemento que le interesaba a Putnam, la confianza social. La teoría normativa que la mueve es interesante, su enfoque democrático también, aunque –para decirlo de algún modo- los estudios sobre la confianza no me resultan confiables: me parece que se quiere sacar de ellos más de lo que están capacitados para dar.

11 de mar. de 2015

El legado k

De Gervasoni y Peruzzotti, acá

Constitucionalismo y democracia/ Univ. do Paraná

NOVAS PERSPECTIVAS PARA O CONSTITUCIONALISMO E A DEMOCRACIA


  Pesquisador Leonardo García Jaramillo -   Universidade de Genova
  Prof. Dr. Thomas Bustamante -  Universidade Federal de Minas Gerais
  Data: 30 e 31 de Março ás 09:30 e 18:30

  Local: Sala de Vídeo Conferências da Pós-Graduação, Praça Santos Andrade, 50 - 3° 

El legado de Zaffaroni en la Corte

De don S. Elías, interesante, acá

9 de mar. de 2015

Las condiciones de producción en la academia (mexicana). Sobrefinanciamiento y cooptación


En un post de hace unos meses (acá) daba cuenta de las críticas que me comentaba Joseph Raz, en relación con la academia británica: condiciones de enseñanza explotativas, sobre-exigencias de publicación, producción acelerada, etc. Luego de una (muy agradecida¡) estancia académica en México, me siento en condiciones de dar un primer paso, al menos, en la evaluación de las condiciones de producción en la academia de ese país. Ello, destacando antes que nada un contexto en todo sentido extraordinario: un país políticamente devastado (o condenado), socialmente quebrado, pero de una cultura sin igual (Muy lejos, por caso, de todo lo conocido en la Argentina. Algo que se advierte en cada artesanía, en la música, en la comida, en los dulces, en los vestidos: cientos y cientos de años de tradiciones y saberes acumulados, expresados en una increíble maestría cultural -así, frente a lo que en la Argentina parece ser tierra arrasada: en mi país, todas las tradiciones resultan ignoradas, pisoteadas o transformadas en su peor contracara).

En la academia mexicana (sobre todo, pero no sólo, en la academia jurídica), pasa otra cosa, también curiosísima, muy excepcional (en la Argentina podemos vivirlo a escala muy diminuta, por ejemplo, aunque el proyecto sea en el fondo similar). Uno de los males que golpean a las condiciones de producción académicas en México, no es -como en casi todo el resto del mundo- el de la creciente falta de recursos, sino más bien el contrario: la cantidad extraordinaria de dinero que utiliza el Estado en el área, y el modo en que lo usa. Con posiciones dulcemente pagadas; centros de investigación a los que les requiere informes constantes, muy bien recompensados; invitaciones generosas; y eventualmente llamados para integrarse temporalmente al elenco gubernamental, el Estado ha conseguido aquietar a una academia levantisca, y lavar la potencia crítica de muchas de sus mejores cabezas. Se trata de una gran maquinaria que parece preparada para la cooptación y el adocenamiento. Para muchos buenos colegas, conscientes de la amenaza, el gran desafío es mantener las condiciones del trabajo independiente y la reflexión crítica, en un ámbito que dirige todos los incentivos a generar exactamente lo contrario. Sé que van a intentarlo -lo están haciendo con un enorme y generoso esfuerzo, de hecho- y les deseo realmente la mejor de las suertes. Aunque pienso por dentro: cómo van a hacer para aguantar semejantes cañonazos de dinero? Cómo van a hacer para generar conocimiento profundamente crítico, en relación con los modos en que opera un poder profundamente injusto? Mis mejores deseos: se lo merecen¡


Viaje a la izquierda del derecho penal, 1

Por esas cosas, esta semana parto, con mi amigo JLMartí, al corazón del núcleo de gente que trabaja en temas de democracia, derecho penal, crítica al castigo, con Antony Duff a la cabeza. Ahí estaremos!


Criminal Punishment and its Modes

Supported by the Royal Society of Edinburgh – Network on Democracy, Citizenship and Punishment

Raeburn Room, Old College, University of Edinburgh


Friday 13 March 2015


13:00-14:15              Amy Lerman (Berkeley)
Criminal Justice and Racial Inequality in a “Colorblind” America
Commentator: José Luis Martí (Pompeu Fabra)

14:30-15:45              Vanessa Barker (Stockholm)
Civic Repair and Penal Reform: Rethinking Citizenship, Rebuilding Trust
Commentator: Albert Dzur (Bowling Green)

16:00-17.15              Peter Ramsay (LSE)
Imprisonment and Collective Self-Government
Commentator: Sandra Marshall (Stirling / Minnesota)



Saturday 14 March 2015

09:30-10:45              Roberto Gargarella (Buenos Aires)
The Place of the People in Criminal Law
Commentator: Vidar Halvorsen (Oslo)

11:00-12:15              Fergus McNeill (Glasgow)
Community Punishment and Penal States
Commentator: Richard Jones (Edinburgh)


13:15-14:30               Andrew Cornford (Edinburgh), Antony Duff (Stirling / Minnesota), Richard Sparks (Edinburgh)
Fines as a Mode of Punishment: a Discussion
Chair: Peter Duff (Aberdeen)


14:30-15:15              Concluding discussion

8 de mar. de 2015

Aída sobre Nisman

De la siempre sensata ex jueza Aída Kelmemajer, sobre la muerte del fiscal Nisman, acá.

6 de mar. de 2015

Elster: La sicología de las convenciones constituyentes

En un post reciente (acá) daba cuenta (una vez más) del camino extraño e interesante seguido por Elster, desde el "ascenso" a la elección racional, hacia el pronto "descenso" dirigido al estudio de la irracionalidad, las fallas de la racionalidad, la híper-racionalidad, etc. Esa preocupación por las fallas de la razón -comentaba- se trasladó obviamente a sus estudios sobre el constitucionalismo, y quedaron plasmados en la metáfora de "Ulises y las sirenas", que primero apareció para dar cuenta de un modo posible de justificar al constitucionalismo como "opción racional" de auto-limitación ("me ato las manos para ganar libertades futuras), y luego apareció como opción amenazante ("los constituyentes pueden atarnos las manos y dejar las propias sueltas") en la segunda parte o "corrección"  de esos estudios (graficados en la imagen que da título a su libro "Ulises desatado"). De modo más interesante -decía- Elster señala ahora por qué es que resulta esperable que en una Convención Constituyente primen las acciones irracionales.

Había dejado pendiente la descripción del núcleo teórico con el que Elster da cuenta de este fenómeno, que podemos resumir muy brevemente en su esencia -junto con él- en estos pocos puntos:

1) Las Constituciones (afirma luego de un estudio empírico al respecto) tienden a hacerse en tiempos de crisis (punto empíricamente interesante, de por sí)
2) Las crisis tienden a venir de la mano de un incremento de las pasiones fuertes (strong passions)
3) Las pasiones fuertes tienden a socavar la formación de creencias racionales
4) Las pasiones fuertes representan, al mismo tiempo, una condición indispensable para la formación de la voluntad política necesaria para llevar adelante una Convención Constituyente
5) Por tanto, el proceso de creación constituyente suele resultar muy imperfecto
6) Por tanto, las Constituciones suelen resultar muy imperfectas

No para adoptar religiosamente, pero sí para pensar, sobre todo teniendo en cuenta las décadas en que viene estudiando -tal vez como nadie en el mundo- el constitucionalismo comparado.

Cine salvaje

Más allá de Relatos Salvajes, que no califica para este relato sobre cine salvaje, me llama la atención en el último tiempo la abrumadora cantidad de títulos destinados a dar cuenta de experiencias de "vuelta a lo natural," escape de la ciudad, reivindicación de la vida "salvaje," salida personal anticapitalista, retrato de la vida brutal, opción por lo rural, naturalismo (muchas veces subrayando ese hecho desde el título mismo del film). Supongo que se trata de una corriente que viene alimentada por el revivir "neo-realista" en cine, de este tiempo, coronado por la exitosa recepción, por parte de la academia y el público, del cine de los hermanos Dardenne. Pienso en "Into the Wild" de Sean Penn, del 2007 (la opción por una vida alejada de la civilización, en el más total aislamiento, en una camioneta destartalada); la recientemente estrenada en la Argentina, "Alma Salvaje", de Jean Marc Valleè (muchacha joven que se va en caminata de "renacimiento" por el medio de la nada, kilómetros y kilómetros contra la sed y las serpientes, en el Sur de California); la italiana "Le Meraviglie," de Alice Rohrwacher, 2014 (familia que resiste como productora de miel, en medio del campo "salvaje" italiano, acosados por el turismo y la televisión que van llegando al pueblo); y la también reciente "Vie Sauvage", francesa, del buen director Cèdric Kahn, sobre padre que hizo opción por la vida entre gallinas y conejos, y que termina escapando/escondiéndose con sus hijos en medio de la montaña, con una comunidad hippie, donde vivirá durante más de una década, lejos de la civilización. Curioso.

4 de mar. de 2015

Pollicita: sensatez otra vez

Pollicita hace una buena apelación, con argumentos sensatos otra vez. No sólo es claro que la decisión apelada fue apresurada (simplemente, no tuvo tiempo material para escuchar las cintas que descarta como inútiles), sino que acierta en decir que "una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional, como la presentada por Nisman, demanda la realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la verdad real de lo sucedido". Absolutamente correcto. No necesitamos decir que Nisman tenía razón, sino que la gravedad de lo que sostiene (dándole verosimilitud a un tratado de otro modo inexplicable, y a escuchas de otro modo inentendibles), requiere de una investigación apropiada, y no de un ansioso desplazamiento: por qué? por qué ese incomprensible apuro). Ello, más allá de que se tratara de una decisión no sólo en línea con el discurso oficial, sino además pleno de indebidos elogios a las políticas oficiales (propios del autorreferencial discurso presidencial, pero no del discurso de un juez).