Discutir con el CELS: Qom/ M.Ferreyra/ Lesa

Para muchos de nosotros, ésta es, por distintas razones, una época triste en la que terminamos disintiendo o enojándonos con amigos y gente cercana, por cuestiones que antes nos unían. Me ha pasado mucho, muy en particular en este último tiempo, en especial con gente ligada al CELS. Entiendo que los desacuerdos que tenemos son en parte mayores y en parte menores de los que aparecen, y sólo por eso quisiera aclarar algunos puntos en torno a los temas del título, sobre los que han aparecido más desacuerdos. En todo caso, si vamos a estar enojados, que sea un enojo bien dimensionado...

Antes de decir cualquier otra cosa, una aclaración, que no implica acariciar el lomo de nadie, ya que los desacuerdos existen. Dejo esto en claro: admiro y admiré siempre el trabajo que muchos han venido haciendo, desde el CELS (y no sólo desde allí), en causas cruciales. En una nota reciente (que fue retomada para el enojo, con completa ceguera sobre esta parte) me referí a muchos de ellos, diciendo que merecían el "eterno agradecimiento colectivo" por su comportamiento muchas veces "heroico," y en todo caso memorable. Es lo que pienso. Dicho esto, me centro un poco más detenidamente en los temas anunciados.

Qom. Mi posición sobre los qom ha sido siempre moldeada por diálogos con Félix Díaz, los testimonios de Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, la amistad con algunos abogadxs que trabajan con la comunidad, y mi militancia en temas afines, relacionados con la defensa de los pueblos originarios, y en contra de las empresas mineras (militancia que me llevó cantidad de veces a hablar en asambleas públiacs y a manifestarme en el interior del país). Me consta del enorme y valiosísimo trabajo que ha hecho mucha gente del CELS en la materia. Sin embargo, tenemos y hemos tenido desacuerdos. Uno primero y muy importante surgió cuando los qom fueron removidos de la 9 de Julio, en la madrugada, con la gendarmería arreándolos como ganado, a los empujones, para montarlos en micros a las apuradas, y dejarle bien limpita la calle al gobierno. Se trató de una acción para mí salvaje, que fue garantizada y certificada por alguna gente del CELS (que tuvo un rol protagónico en la cuestión) -no por todos sus miembros. El acampe de los qom en la 9 de julio representó la acción más notoria y significativa de la comunidad en todo este tiempo, una movilización que atrajo una enorme y merecida atención pública sobre ellos. Hoy, luego de varios meses de lo ocurrido, sabemos el resultado: la remoción de los qom le sirvió hermosamente al gobierno, y los qom sólo (o fundamentalmente) han perdido con ello. El CELS, o algunas de sus autoridades, jugaron un papel contrario al que les correspondía jugar en ese caso. Otra vez, es lo que pienso.

Planteé este mismo desacuerdo (de distinto modo) en dos Asambleas Generales del CELS. Como en otras ocasiones, mi crítica se dio en soledad casi completa (salvo alguna dignísima excepción), seguramente porque estaba equivocado en todo. O tal vez no. Una pena, en todo caso, ver que mucha gente que compartía mis críticas, dentro de la Asamblea, no se expresara sobre el tema.

M.Ferreyra. El otro punto que planteé en Asamblea General del CELS -que, según entiendo, es donde debía plantearlo primero- se refirió al caso de Mariano Ferreyra. Ahí, sostuve que no podía asumirse que la policía se hubiera dado órdenes a sí misma, para liberar la zona. Por ello mismo, dije que debía ponerse especial atención en ese problema. La investigación siguió, llegaron luego las sentencias que conocemos. Discutí ya con Alberto Bovino sobre algunos puntos vinculados al tema, y vuelvo a aclarar (y en parte a corregir lo dicho) por las dudas: el trabajo de gente como Alberto fue como siempre honesto y excepcional, por más que este hecho real no borre algunos de mis desacuerdos. Un primer desacuerdo es el que mencioné en la Asamblea. El segundo desacuerdo se relaciona más con algunas diferencias que tuve con (alguna gente de) el Partido Obrero, al respecto: creo que es una locura seguir asimilando justicia con privación de la libertad, y justicia plena con condenas perpetuas. Tuve un largo intercambio con Jorge Altamira, sobre el tema, que también agradezco. Pero mi posición sobre el punto se mantiene.

Lesa. Acá hay un problema mayor, y de larga data, y que requiere algunas aclaraciones fundamentales. Primero, entiendo que lo ocurrido en esos juicios es de lo más importante que pasó en la historia jurídica mundial. Punto. Para el caso de la Argentina, creo que se trata de uno de los momentos más altos y dignos en la historia política del país. Punto otra vez. Y por si no queda claro: para el logro de ese hecho -uno de los más dignos, etc.- el trabajo de la gente del CELS fue fundamental. Segundo, el diseño de los juicios y las sentencias no empezaron con Kirchner (algunos se han olvidado de la cuestión), sino en los 80, y a través de Raúl Alfonsín. De mi parte, y por medio de Carlos Nino, estuve vinculado con el tema casi desde un primer momento. Sobre la cuestión, discutimos mucho con Nino, y hoy sigo discutiendo con mucha otra gente. Más allá del trabajo excepcional de Nino, Malamud, Rabossi, Genaro Carrió u otra gente, yo no estaba de acuerdo, y no estoy de acuerdo, con algunas cosas. Me chocaba, por caso,la lectura utilitarista que ofrecía Nino sobre el tema, y por supuesto que a la hora de la debacle no estuve de acuerdo (Nino en muchos casos tampoco) con muchas cosas: rechacé las instrucciones a los fiscales, repudié y escribí en contra de la obediencia debida y el punto final, marché contra esas leyes, me movilicé todo el tiempo contra los indultos de Menem, apoyé la reapertura de los juicios, estuve siempre a favor de terminar con la impunidad, aplaudí los juicios de la verdad, apoyo y sigo apoyando la marcha de los procesos. Dicho todo eso, las diferencias están y se mantienen, con muchísima gente, y por los temas más diversos.

Hay diferencias sobre los modos en que balancear los principios que queremos asegurar en la materia. Algunos se relacionan con la búsqueda de la verdad, otros se relacionan con la consecución de condenas. Me parece que el modo en que se diseñaron los juicios (e insisto, éste es un problema que no nace con Kirchner, sino que se remonta al primer alfonsinismo) ayuda mucho más a conseguir condenas que a producir verdad. Me parece que es un hecho obvio, y tenemos que ver si hoy estamos satisfechos con ello -con la maquinaria que hemos puesto en marcha. Supongo que la respuesta colectiva es que sí, pero eso no obsta a que podamos seguir pensando y cuestionando lo que se ha hecho en la materia.Entiendo que muchos familiares de las víctimas, como otra gente, preferiría privilegiar la búsqueda de información relativa a quién hizo qué, o dónde están enterrados los cuerpos. No soy dogmático en la materia, y por eso ofrezco esta posición como revisable criterio.

Hay una diferencia que ya aparecía en relación con el caso de M.Ferreyra (y que se vincula con una posición cercana al abolicionismo, que mantuve siempre, y que también tiene consecuencias -que dejé en claro por escrito- para los casos relacionados con piqueteros, y los casos relacionados con delito y pobreza, y que se ve por caso en mi libro "De la injusticia penal a la justicia social"). Distingo entre castigo y reproche, creo que tenemos todo el derecho del mundo a repudiar y condenar ciertas conductas, como creo que tenemos que repensar los modos en que nos acercamos al castigo. Hay un problema de consistencia en las posiciones de académicos/jueces como Zaffaroni, que Nino le señaló a aquél en la famosa polémica que se diera entre ellos. Si uno es un crítico radical del castigo, como Zaffaroni, luego no puede convertirse en hiperpunitivista, cuando llegan los juicios de lesa humanidad. Al menos, ahí hay un problema sobre el que debe argumentarse más de lo que se ha hecho.

Hay problemas que involucran las garantías básicas de los acusados, en sentido amplio, y que incluyen por caso la necesidad de reflexionar sobre los modos en que pensamos la prisión preventiva (pueden los procesados en estos juicios estar presos durante años, sin condena?); o el modo en que pensamos las condenas (se les puede negar la prisión domiciliaria a los más ancianos?).Quiere decir esto que uno está a favor de la impunidad, o que quiere que terminen los juicios? Todo lo contrario: las violaciones de derechos humanos ocurridas en los 70 representan tal vez la mayor verguenza de la historia Argentina; en la materia no hay nada peor que la impunidad; los juicios deben mantenerse; debemos seguir buscando la verdad; el Estado no debe perder oportunidad para dejar en claro su condena. Pero podemos seguir disintiendo, y necesitamos seguir pensando sobre la materia. Nos podemos enojar por estas cuestiones, pero espero que nos enojemos no por cuestiones innecesarias, sino por las razones correctas. Demasiado se perdió ya, en todo este tiempo.

Elster 1: Elster/Jazz/Lester Young

El último libro de Jon Elser, "Securities against misrule", se basa en un poco conocido trabajo de J.Bentham de 1822, titulado igual. El libro está dedicado a dos personas: un escritor de novelas policiales, Michael Gilbert (en el que encuentra un gran paralelo con su padre, que se ocupaba de lo mismo, y que como aquél, también escapó heroicamente de los alemanes durante la guerra), y un músico de jazz, Lester Young.

La relación del Elster académico, con el jazz, tiene larga data (su hermoso escrito autobiográfico, "Going to Chicago," toma el título de un tema de Count Basie -en español, el ensayo está publicado como introducción al libro "Egonomics"). En donde dicha relación queda más claro, creo, es en una sección de su libro 2 sobre los "precompromisos constitucionales": "Ulysses Unbound" (el libro en el que corrige mucho de lo que había dicho en su libro, bastante anterior, sobre Ulises y las sirenas y la Constitución como precompromiso. La sección se llama "Creativity and Constraints in Jazz," y ahí aplica sus estudios sobre el "atarse las manos" al análisis del jazz (JE me había dicho que intentó hacer lo mismo con el "dogma escandinavo" para el cine, pero que no pudo terminar de escribirlo). En esa sección, Elster da cuenta de un dato personal curioso: el tipo sólo escucha el jazz producido en seis años: de 1936 a 1942, y se concentra fundamentalmente en Billie Holiday, Lester Young, y Johnny Hodges con las orquestas de Basie y Ellington. Excepcionalmente, agrega algo de Louis Armstrong, pero sólo de lo que produjo en los 1920s. Dice Elster que escucha a Lester Young casi todos los días, desde 1955, y que pasó a escucharlo casi todo el día, mientras escribía este último libro.

Huelga y protesta

 

Nuevo libro, editado y escrito por queridos amigos

Igualitaria: Nuevo libro/ Charles Epp

Nuevo librazo para la colección de Igualitaria/ Siglo XXI. Un autor y una obra que cambiaron el entendimiento sobre el litigio de derechos. Orgullosos de tenerlo con nosotros!

(de la presentación del libro):

¿Qué tipo de litigios son los que llegan a la Corte Suprema y pueden, por eso mismo, volver visibles ciertos temas, ampliar los derechos y las garantías e incidir en la interpretación del texto constitucional? A partir de los años sesenta, se advierte un cambio significativo en los máximos tribunales de varios países: si antes sólo accedían a ellos las corporaciones o los grandes empresarios, siempre que estaba en juego el derecho de propiedad o de contratación, en las últimas décadas esos tribunales comenzaron a admitir litigios cuyo propósito es defender o reivindicar derechos individuales como la no discriminación por género o raza, la libertad de prensa o expresión, los derechos previsionales, laborales y ambientales, el derecho de cualquier persona a un debido proceso administrativo o penal.
¿Qué hizo posible semejante “revolución de los derechos”? Charles Epp, un referente de los estudios jurídicos y políticos contemporáneos, sostiene que esta democratización del acceso a la justicia no surgió “desde arriba” sino “desde abajo”: no fue el activismo judicial el principal motor del cambio, sino los movimientos de la sociedad civil, las organizaciones que se especializan en los derechos, y las políticas públicas que apuntan a financiar agencias u organismos que permitan contar con recursos para litigar a quienes carecen de ellos. Epp saca a la luz un presupuesto olvidado: para sostener una demanda se requieren recursos, y si no hay un apoyo oficial a quienes no los tienen, sólo pueden litigar los poderosos o los millonarios. Contra quienes cuestionan este proceso de transformación, porque entienden que las cortes supremas se abocan a defender los derechos individuales en detrimento de las mayorías democráticas, Epp demuestra que los derechos no son un don sino que hay que luchar por ellos, y que es la sociedad civil, por su tenacidad para sostener y canalizar reclamos de justicia, la que puede garantizar el carácter democrático de esta apertura.
A partir de un estudio comparado de los sistemas de justicia de varios países, el autor logra situar las cortes y los derechos en el contexto social, político, cultural y económico de cada sociedad, para abogar por una más eficaz democratización de esos sistemas.

El modelo sigue sin llegar a la comunidad qom

De Agencia R.Walsh, ante una nueva muerte evitable
http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=10680:el-qmodeloq-sigue-sin-llegar-a-la-comunidad-qom&catid=54:tobas&Itemid=84

Auyero: Violencia/AUH

Acerca del nuevo libro del sociólogo Javier Auyero, sobre la nueva violencia en el conurbano.
http://tiempo.infonews.com/2013/05/19/sociedad-102181-la-violencia-define-la-vida-de-los-pobres.php

Allí, JA se refiere también al impacto efectivo de la AUH en los sectores marginales. En su opinión,

–A veces me resulta extraño cuando leo en los diarios la perspectiva del progresismo hablando de la AUH. No sé si se han tomado el trabajo de ver qué lugar ocupa en el presupuesto de una familia marginada. Es una ayuda, una asistencia. Pero atribuirle efectos mágicos o empoderadores es, para hablar mal y pronto, delirante: en el mejor de los tiempos, cubre una semana de los gastos de una familia tipo. La AUH, para tener los efectos que se le atribuyen desde ciertas posiciones políticas, se debería multiplicar por diez. Debería ser un ingreso que cubra en serio las necesidades de los más pobres. Creo que es tan erróneo decir que los pobres no van a trabajar porque reciben la asignación, como atribuirle el efecto contrario: que es igualador, que empodera a los signatarios, porque eso tampoco se basa en la experiencia de quien la recibe. La gente que la cobra la valora mucho, es cierto. Es un programa que funciona, eso no hay duda. Pero no hay que sobredimensionar la cosa… en el país de los ciegos, el tuerto puede ser rey para la política, pero no para las Ciencias Sociales que investigan de manera cuidadosa.

10 años/ Ley de Medios

Muy interesante el suplemento enfoques de La Nación de hoy, sobre los 10 años k, con notas de Nun, la amiga Vicky Murillo, Novaro, Palermo, y otros cientistas sociales amigos.

http://www.lanacion.com.ar/edicion-impresa/suplementos/enfoques
Martín Becerra, en su nota de balance sobre la política de comunicaciones dice:

"...El Gobierno contradice los fundamentos que invoca para su política de medios. Obtura el acceso a la información pública dispuesto por un decreto del propio Kirchner en 2003, resiste la plena integración del directorio de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual (Afsca); otorga señales sin concurso en televisión digital y, sobre todo, se aleja de una de las principales razones por las que construyó legitimidad en su política de medios, que era la reserva del 33% de las frecuencias a actores sin fines de lucro. El Estado guía una nueva configuración de relaciones de fuerzas con grupos emergentes (Cristóbal López, Vila-Manzano), con los que es flexible..."

10 años de justicia k

http://www.lanacion.com.ar/1582944-justicia-cambios-de-rumbo-en-una-politica-que-fue-de-la-renovacion-al-sometimiento

Muchas personas muestran un cambio significativo en la valoración de lo hecho por el kirchnerismo en estos 10 años. Se trata, en una mayoría de casos, de un giro justificado, en razón de los cambios que asumió el propio gobierno, dirigidos en dirección contraria a donde orientara sus primeros  pasos. Contrástense, sino, las que fueran las principales declaraciones y actos del ex Presidente Kirchner, apenas llegado al poder, con las declaraciones y actos que luego siguieron. En sus primeros días de gobierno, Kirchner promovió cambios a favor de la transversalidad política, los derechos humanos, la transparencia, o el enfrentamiento con las “mafias” y los “barones del conurbano”. Poco después, el mismo gobierno decidió simplemente echar por la borda su propuesta inicial de transversalidad; pactar con las mafias del conurbano que antes con energía denunciaba; dictar una ley antiterrorista; combatir a los “pueblos ancestrales” opuestos a sus políticas de depredación minera y sojera; o infiltrar y espiar impunemente a las organizaciones de derechos humanos.

El propósito de este texto, de todos modos, no es el de denunciar los cambios extremos que se sucedieron en el discurso y la práctica del gobierno. Lo que se pretende es examinar la trayectoria del gobierno en el ámbito de la justicia: aquí es donde las referencias anteriores cobran más sentido.

En efecto, en materia de justicia, el contraste entre el kirchnerismo inicial y el que vino luego no puede ser más contundente. Compárense las medidas políticas centrales de aquel instante fundante, resumidas en el “decreto 222”, destinado a renovar la Corte Suprema, con la actual reforma judicial, destinada a “democratizarla”. Aquella reforma, la del 222, tuvo enormes virtudes (no por nada el mismo  kirchnerismo que mira con desprecio toda referencia a lo “republicano” sigue reivindicando con orgullo actos tan modestamente republicanos como la depuración de la Corte). La reforma del 222 ayudó a restablecer los vínculos entre ciudadanos y el Poder Judicial, por entonces rotos, asegurando en el máximo tribunal “la diversidad de género, especialidad y procedencia regional en el marco de representación de un país federal.” Notablemente, todo lo que siguió desde allí fue en dirección directamente opuesta a la originalmente comprometida. Se viró entonces desde la diversidad hacia la homogeneidad, desde la proclamada transparencia hacia la opacidad, desde las manos atadas del gobierno ante la justicia hacia la situación contraria, de sometimiento de la justicia frente al poder.

Los pasos que dio el gobierno en la dirección que antes denostaba fueron sistemáticos, algunos abiertos y otros disimulados. Ellos incluyeron, desde algunas medidas repudiables, calladamente reconocidas por todos los miembros de la comunidad jurídica (la operación de los servicios de inteligencia sobre los jueces díscolos), hasta otras más abiertas, comunes en la historia reciente pero radicalizadas en todos estos años (la manipulación de los concursos y los jueces subrogantes, lo que le permite al poder contar con un control más directo sobre quienes deben decidir casos sensibles).

Luego aparecen las reformas formales, impulsadas de espaldas a la sociedad, desde el Congreso. Se procedió entonces a reformar el Consejo de la Magistratura (Ley 26.080 del 2006), reduciendo drásticamente sus miembros de 20 a 13, alegando la necesidad de “mejorar la eficiencia” del organismo. Curiosamente, al poco tiempo se reformó otra vez al Consejo, con el fin de “mejorar la eficiencia”, pero esta vez expandiendo de 13 a 19 su número de miembros (¡). Curioso: la eficiencia que años atrás necesitaba de un menor número requería ahora volver a aumentarlo. De manera similar, el gobierno promovió la institución del “per saltum” y la reforma en las medidas cautelares, alegando el valor de la celeridad sobre el de la certeza: “los pleitos no pueden extenderse indefinidamente en el tiempo,” dijeron. Llamativamente, en ese mismo acto, el gobierno promovió la creación de nuevas Cámaras de Casación, privilegiando ahora la certeza sobre la celeridad. Curioso: ya no parecía ser un problema que los procesos se extendieran indefinidamente en el tiempo.

En materia procedimental, mientras tanto, los cambios que se impulsaron no pudieron ser más chocantes. En los inicios, y a través del decreto 222, el gobierno se había comprometido a asegurar un procedimiento abierto, controlado por la sociedad civil, y dirigido a favorecer la selección de jueces capaces de limitar los excesos del propio gobierno. Notablemente, todo lo que vino luego –orientado a asegurar un poder judicial sometido- se hizo a través de procedimientos oscuros, marcados por la chapucería, la falta de discusión, el atolondramiento y el atropello.

Conviene no perder de vista lo que significan estos cambios drásticos en el procedimiento. Se trata de cambios que –por sus formas- amenazan la propia constitucionalidad de los proyectos. Decir esto no implica asumir que las reiteradas exigencias constitucionales de discusión y debate en el proceso legislativo se satisfacen sólo con intercambios pulcros, prolijos y ordenados en el Congreso. El punto es que tales demandas constitucionales no pueden ser interpretadas como si no existieran, como si dichas cláusulas fueran vacuas, como si fueran compatibles con cambios en las reglas básicas sancionados con desprecio a lo que diga la oposición y a partir de una dogmática negación al diálogo legislativo.

Por supuesto, las críticas a los decepcionantes cambios de la justicia que ha promovido el gobierno no se reducen a objeciones de forma o procedimentales. Más relevante aún es que, sustantivamente, sus iniciativas enfrentan problemas graves, de todo tipo. Las reformas en las Cámaras de Casación y las cautelares pueden considerarse antipopulares y antiobreras, por afectar en particular a jubilados (cuyas demandas quedan heridas de muerte por la introducción de nuevas Cámaras); y a trabajadores que heroicamente todavía litigan (trabajadores que con dichas Cámaras de Casación quedan sometidos a procesos interminables, que sólo benefician a sus patrones). Las reformas pueden considerarse conservadoras, por tomar como blanco a piqueteros o grupos de víctimas que protestan –como los familiares de las víctimas del Once -contra los que el Estado se reserva el derecho de solicitar las mismas cautelares que para otros casos repudia. Las reformas pueden considerarse como corporativas, por verticalizar, jerarquizar y burocratizar aún más la justicia existente, con la creación de nuevas instancias. Las reformas pueden considerarse antidemocráticas, por ir en contra de los mismos valores democráticos que el gobierno alega para defenderlos (piénsese en los cambios en el Consejo de la Magistratura -tales como el requerimiento de los 18 distritos- que de modo caricaturesco se han diseñado para que ningún otro partido, salvo el del gobierno, pueda satisfacerlos). Se trata, en definitiva, de la diferencia entre lo que pudo hacerse, esto es, democratizar la justicia (a través de la creación de tutelas, de la instauración del juicio por jurados, de facilidades para las acciones colectivas y de clase, de audiencias públicas, de un mejor acceso para los pobres) y lo que se hecho, es decir, someter la justicia a los designios del partido dominante.

Sectores de la justicia ligados al gobierno, y agrupados en un movimiento de creación reciente, “Justicia Legítima”, suelen decir: “celebramos, al menos, la discusión que inició el gobierno”. La sola existencia del grupo es una buena noticia, y una ratificación del aserto. Sin embargo, lo dicho se enfrenta al menos con tres aprietos. Primero, las reformas recientes se hicieron clausurando (en lugar de abriendo) la discusión clave, la que debió darse en el Congreso. Segundo, la mayoría de los cambios (cautelares, Casación, Consejo) no implican “al menos un primer paso,” sino un paso atrás, y ahora habrá que luchar para contrariarlos. Finalmente, el fuero penal -el que cuenta con más miembros dentro de “Justicia Legítima”- arrastra injusticias y desigualdades atroces (baste mirar qué grupo social puebla nuestras cárceles, y qué sector del poder no llega nunca a ellas). Por alguna razón, luego de 10 años, y sin enfrentar ningún obstáculo legal para ello, ni los operadores de la “justicia tradicional” ni los de la “Justicia Legítima” hicieron algo para menguar las desigualdades del caso (ellas, podría decirse, son hoy mucho más graves que antaño). Por supuesto, demás está decirlo, ninguna de las reformas de la justicia se propone reducir estas injusticias en algo.

Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho

Mañana estaremos en dos mesas en el encuentro nacional de estudiantes de derecho que se organiza en Embalse, Córdoba. Van las dos mesas, y acá el link al anuncio del encuentro y el programa completo

http://larevueltabisagra.com.ar/?page_id=31

Democratización de la justicia: formas, modos, condiciones y propuestas. GUSTAVO ARBALLO(( Ab. y Especialista de la UN. La Plata, y Prof. de Derecho (UN La Pampa, Derecho Público Provincial y Municipal.Redactor del blog:saberderecho.com). ALBERTO BINDER(miembro del consejo asesor del Inecip. Director del instituto latinoamericano sobre seguridad y democracia asesor del Centro de Justicia de las Américas de la OEA). ROBERTO GARGARELLA

Tensión en la Democracia ¿Crisis o Profundización?. ROBERTO GARGARELLA – DIEGO TATIAN