22/8/2014

Altamira paseando a Berni

Acá, o de cómo la razón desplaza a la fuerza. O en qué se ha convertido el kirchnerismo.

21/8/2014

SE VIENE EL SEMINARIO 2014



SEMINARIO DE TEORIA CONSTITUCIONAL Y FILOSOFIA POLITICA


Coordinador: Roberto Gargarella


AULA 1, FACULTAD DE DERECHO (UBA), 18 HS


11 de septiembre, 18 hs
CONSTITUCIONALISMO DIALOGICO (textos de Rosalind Dixon y Roberto Gargarella)

18 de septiembre, 18 hs
DEMOCRACIA, COMUNIDAD Y DEREHCO PENAL (texto de Roberto Gargarella)

25 de septiembre, 18 hs
LA IDEA DE DEMOCRACIA EN DWORKIN, CON GUSTAVO MAURINO (texto de Gustavo Maurino)

1 y 2 de octubre, 18 hs
SEMINARIO INTERCATEDRAS CON DANIEL PASTOR, SOBRE DERECHO PENAL Y DEMOCRACIA (la reunión del día 1 se realizará en el Salón Auditorium, y la del día 2 en el Aula 1)

9 de octubre, 18 hs
FEMINISMO RADICAL Y DERECHO (texto de Catharine MacKinnon)

16 de octubre, 18.30 hs
DESPUES DEL JUICIO A LAS JUNTAS, CON MARCELO ALEGRE (texto de Marcelo Alegre)

______________________________________________________________________
Entrada libre y gratuita, sin requisitos. La inscripción no es obligatoria, pero es recomendada
Inscripción e información adicional: Departamento de Derecho Público (UBA)

Los materiales estarán disponibles oportunamente

20/8/2014

La xenofobia en Página12

Macri habla de extranjeros en su referencia al conflicto en el Indoamericano: Xenófobo, titula Página, y tapa del diario, con varios comentarios de intelectuales k (...) indignadísimos por la xenofobia. Ayer, el virtual Ministro de Seguridad culpa del delito a los extranjeros y pide deportaciones en masa...Página hace silencio en tapa, silencio adentro, ninguna crítica de los intelectuales indignados, y publican este...comunicado de Berni, como si fueran su oficina de prensa, y sin la mínima crítica. Impresionante, y de lo peor que nos deja este tiempo horrible: tus derechos valen si estás de mi lado, y si no estás, no hay racismo, xenofobia, anti-indigenismo o reivindicaciones de género que importen.

Dijo Página (si usted es una persona impresionable, por favor, no lo lea):

"El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, reclamó a los legisladores nacionales la aprobación de leyes para que los delincuentes extranjeros “vuelvan a su lugar de origen”. “Durante este fin de semana largo hemos detenido a más de sesenta delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir, y esto corresponde a la laxitud del sistema judicial y del sistema penitenciario”, sostuvo Berni. En ese sentido, el funcionario destacó: “Por eso, quiero pedirle a los señores legisladores que se sienten a legislar, que busquen consenso y que le den a la sociedad la respuesta que se merece para que los delincuentes extranjeros vuelvan a su lugar de origen”. Berni formuló estas declaraciones cerca del supermercado Disco de Belgrano y Entre Ríos, en el barrio porteño de Balvanera, donde fueron detenidos cuatro hombres y una mujer de nacionalidad chilena cuando escapaban tras robar un auto en el estacionamiento." NI UN COMENTARIO CRITICO, NI UN MATIZ, NI UNA DUDA¡¡¡ 

No acallar la protesta -una vez más

Hoy publico en Clarín (acá) una nota sobre la reciente reunión en Diputados, dedicada a discutir formas de silenciar la protesta social. La nota que escribí está, en parte, motivada por esta típica patoteada de la presidenta de comisión, la ultra-k Diana Conti, frente a un respetuoso Nicolás del Caño (PTS), cuando éste mencionara apenas el conflicto de Lear, durante el debate: resulta que el kirchnerismo consideró impermisible la mera mención de una protesta real, en medio de un debate legislativo sobre la regulación de la protesta: increíble, y bien kirchnerista (el video en el que se origina mi texto -video que ya adelantamos en el blog, acá). En homenaje a del Caño, la nota a continuación:

Días pasados, el oficialismo volvió a impulsar en el Congreso un proyecto destinado a regular la protesta social. La iniciativa del gobierno encuentra respaldo en algunas razones atendibles, vinculadas con las quejas de “terceros afectados”. Por un lado, las protestas son promovidas, habitualmente, por grupos reducidos de personas, perjudicadas por violaciones de derechos específicas, que no se extienden del mismo modo sobre el resto de la sociedad. Por lo demás, para manifestar sus quejas, los que protestan suelen involucrarse en acciones que lesionan (asimismo o principalmente) a “terceros” fundamentalmente ajenos a la cuestión, que terminan –ellos también- viendo dañados sus derechos. Por lo dicho, estos “terceros” se preguntan, con razón, “por qué debo sufrir yo por los males de otros, cuando se trata de males que yo no he (directamente) causado?” Las razones que apoyan a estas quejas de “terceros” no asisten, sin embargo, al gobierno, en su postura; ni dan fundamento obvio a la necesidad de regular legislativamente la protesta. Quisiera, por tanto, agregar unas breves reflexiones relacionadas con la discusión que se diera en el Congreso sobre el tema, y lo que ella nos dice acerca de cómo es que hoy se piensa la protesta.

En relación con la actitud del gobierno frente a la cuestión, quisiera señalar varios puntos. En primer lugar, el “debate” sobre la regulación de la protesta, que el oficialismo habilitó recientemente en Diputados, fue enormemente revelador sobre los modos de su acercamiento al tema. Un hecho, en particular, resultó saliente. Apenas comenzada la discusión, la representante del gobierno y presidenta de la comisión –fuera de sí- privó de la palabra a un diputado de izquierda, luego de que éste, con modales suaves, comenzara a fundamentar su postura hablando del conflicto en la autopartista “Lear.” Más allá del maltrato a quienes disienten, con que el gobierno define su identidad; y más allá de la ilegalidad de privar a un diputado de su palabra, sólo por pensar distinto; la actitud oficial dejó en claro un dato relevante: el kirchnerismo consideró una afrenta que un legislador mencionara siquiera una protesta real, en un debate sobre la protesta (curioso, por lo demás, en un gobierno que suele burlarse de la oposición, señalando que ella “le tiene miedo al conflicto”). En segundo lugar, en reiteradas oportunidades, el oficialismo ofreció, como contraprestación o “moneda de cambio” para que se aceptara su postura, una amnistía para los más de 500 activistas que hoy están procesados por su participación en protestas sociales. Se trata de un modo inadmisible –pero habitual en estos tiempos- de pensar en los derechos de los más débiles. Los derechos se garantizan, no se negocian (“les reconozco sus derechos en la medida en que…”), ni son prenda de cambio. Mucho menos deben convertirse en dependientes de los ocasionales favores del poderoso de turno (con la misma lógica, el gobierno insiste en que debemos agradecerle su actitud de “no reprimir las protestas”, como si fuera cierto lo que es falso –ya que causó una veintena de muertos en diez años; o como si fuera merecedor de una deferencia especial por no abrir fuego sobre sus opositores). En tercer lugar, y al calor de estos mismos debates, el secretario de seguridad insistió con una postura aún más estricta, señalando que no debía dársele cabida a los intereses de los protestantes, porque habitualmente ellos “sólo quieren llamar la atención” con sus reclamos. Con su bravata, el secretario sólo mostró la dimensión del oficial desatino: en efecto, hoy vuelve a ser necesario producir “escándalo” para “llamar la atención” del gobierno sobre violaciones de derechos que él causa, y que de otro modo siquiera advierte. Y lo mejor que ofrece el gobierno, frente al conflicto, son estrategias para moderar el impacto de las quejas.

La situación es muy reveladora del drama implicado en la regulación de la protesta -drama que involucra al Estado, a agentes privados, miles de derechos violados, y “terceros afectados.” Ella puede entenderse bien con un ejemplo: imaginemos que en una estación de policía se aprovechase, cada noche, para golpear a los que están presos; los vecinos se quejaran, con razón, de los gritos que cada madrugada escuchan; y el gobierno nos convocara a discutir de qué modo terminar con el fastidioso griterío (Los llevamos a gritar más lejos? Colocamos vidrios más gruesos en las ventanas? Les tapamos directamente la boca a los que “sólo quieren llamar la atención?). El ejemplo nos ayuda a reconocer, en primer lugar, la razón de los vecinos: ellos no son responsables de los gritos; y no tienen por qué verse afectados por problemas que no han causado. Sin embargo, la invitación del gobierno es de una inmoralidad crasa. Ante la inmensidad de las violaciones de derechos de la que es directo responsable -por abuso de poder, falta de controles, o negocios indebidos- la solución no puede ser nunca la de abocarse a contener o silenciar los gritos de quienes se quejan. Simplemente: lo que está en juego  -lo primero que realmente importa, lo que es justo e imperativo atender, de modo inmediato- son los derechos violados. No es aceptable que en lugar de discutir cómo reparar esos derechos, se nos convoque a pensar cómo regular las quejas de los que sufren esos derechos violados.

19/8/2014

Chau Bacqué¡

Adiós al amigo y gran juez que votó en contra en el caso Camps, porque no aceptó validar los indultos; al juez que renunció a la Corte cuando Menem decidió ampliarla. Maestro.

El "nuevo constitucionalismo latinoamericano"

Texto que publico en El País de España, acá


A partir de creaciones y reformas constitucionales como las que se sucedieron en Colombia en 1991, Argentina en 1994, Venezuela en 1999, Ecuador en 2008, o Bolivia en 2009, comenzó a hablarse de un “nuevo constitucionalismo latinoamericano.” Lo de “nuevo” merece revisarse porque, según diré, las renovadas Constituciones tienen demasiado que ver con las que existían antes, pero en todo caso tiene más sentido concentrarse en el valor de las mismas. Ello, en particular, dado el interés que han podido generar estos documentos. Es mi impresión que se da un cierto equívoco sobre tales textos, que nos lleva a elogiarlos por aspectos en los que ellos fallan, y a desconfiar de los mismos a partir de otros rasgos que son merecedores, en cambio, de alguna cuidada esperanza.

Vayamos, de todas formas, por partes. El “nuevo constitucionalismo latinoamericano” tiene poco de nuevo, sencillamente, porque el mismo no introduce novedades relevantes en relación con el “viejo constitucionalismo,” en ninguna de las dos partes esenciales en las que se divide cualquier Constitución: ni en la sección dedicada a la organización del poder ni en la relacionada con la declaración de derechos. Las Constituciones de América Latina son, en su gran mayoría, estructuras consolidadas con más de dos siglos sobre sus espaldas, que en todo caso han incorporado algunos pocos cambios en los últimos tiempos (el primero, habitualmente, relacionado con la reelección presidencial) sobre una base que permanece intacta, idéntica a sí misma. Esa base tiene entonces dos partes: una organización de poderes que es tributaria del siglo XIX; y una organización de derechos que se modificó esencialmente a comienzos del siglo XX, y que desde entonces no ha variado de modo extraordinario.

La primera parte –la vinculada con la organización del poder- sigue reproduciendo hoy el viejo esquema moldeado alrededor de 1850, en toda la región, al calor de un pacto entre las fuerzas del liberalismo y el conservadurismo –las dos grandes corrientes de pensamiento que, con modos violentos, disputaron su predominio durante las primeras décadas que siguieron a la independencia regional. El pacto liberal-conservador que, algo sorprendentemente, se extendió en Latinoamérica desde mediados del siglo XIX se expresó, sobre todo, en Constituciones restrictivas en materia de derechos políticos; hostiles a la participación cívica; desatentas frente a la “cuestión social” -Constituciones que, territorialmente, concentraron el poder en un “centro”, mientras que, políticamente, centralizaron la autoridad en un Poder Ejecutivo especialmente poderoso. Estas Constituciones, en buena medida inspiradas en el modelo norteamericano de los “frenos y contrapesos,” se desmarcaban del ejemplo de los Estados Unidos justamente en este punto crucial (la organización del poder, y en particular del Ejecutivo) para apoyarse en cambio en el modelo autoritario napoleónico, o en el caso más familiar y cercano de la Constitución de Chile de 1833 (ejemplo típico del primer constitucionalismo autoritario de la región, pero también, para muchos, sinónimo de estabilidad política). Con esta variación (que el jurista argentino Juan B. Alberdi justificó refiriéndose a la necesidad de contener los riesgos de la “anarquía”), las Constituciones latinoamericanas modificaban de modo radical –y muy grave- el esquema de los “frenos y contrapesos” que quedaba, de esta forma, desequilibrado, perdiendo así buena parte de la virtud que le daba sentido. Se iniciaba así el derrotero de poderes políticos institucionalmente separados de la ciudadanía, y capacitados para “torcer” e inclinar a su favor al resto de la estructura de poderes.

La segunda parte de las Constituciones latinoamericanas –la relacionada con las declaraciones de derechos- sufrió cambios muy significativos a comienzos del siglo XX. Ello así, sobre todo, desde la Revolución de México y el dictado de la Constitución de 1917. La Constitución mexicana, en efecto, trastocó la tradicional estructura de derechos típica del constitucionalismo liberal-conservador de la región, vigente hasta entonces. Las “viejas” Constituciones aparecían ante todo preocupadas por la preservación de la propiedad, los contratos y el libre cambio; eran en el mejor de los casos ambiguas en materia religiosa; hacían algunas referencias a derechos liberales clásicos (libre expresión, libre asociación); y mantenían completo silencio en materia de derechos sociales. Desde la Revolución de México, en cambio, todas las Constituciones latinoamericanas modificaron sustantivamente su listado de derechos, y se comprometieron enfáticamente con declaraciones amplias, generosas, muy ambiciosas en materia de derechos. Mal que le pese a algunos, lo cierto es que el constitucionalismo mundial (salvo excepciones que incluyen a la Constitución de los Estados Unidos) cambió desde entonces, y comenzó a adoptar, de forma más o menos explícita, más o menos rotunda, significativas listas de derechos sociales, económicos y culturales.

El “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, surgido a finales del siglo XX, no modificó de modo relevante el viejo esquema (más allá de que en un futuro trabajo, más detallado que éste, deban precisarse diferencias, país por país). Las “nuevas” Constituciones latinoamericanas se mantienen ajustadas al doble molde originario. Se trata de Constituciones con “dos almas”: la primera, relacionada con una estructura de poderes que sigue respondiendo a concepciones verticalistas y restrictivas de la democracia, como las que primaban en el siglo XIX; y la segunda, de tipo social, relacionada con la estructura de derechos que se forjara a comienzos del siglo XX. A esta combinación, el último constitucionalismo latinoamericano le agregó pocos cambios, que facilitaron las reelecciones presidenciales, y en todo caso expandieron algo más las ya ambiciosas listas de derechos: si las de comienzos de siglo habían procurado incorporar a la “clase trabajadora” en la Constitución (más no sea a través de las declaraciones de derechos), las de finales de siglo comenzaron a hablar de derechos indígenas, multiculturales, o de género –cuestiones que no habían sido tematizadas por las Constituciones anteriores.

El debate que me interesa promover, en todo caso, nada tiene que ver con el carácter más o menos innovador del “nuevo constitucionalismo.” Me interesa señalar, en cambio, de qué modo el “nuevo constitucionalismo latinoamericano” reproduce las viejas estructuras autoritarias que recibimos en legado de los siglos XVIII y XIX. Me interesa afirmar que no hay proyecto democrático y de avanzada bajo organizaciones de poder concentradas en Ejecutivos o monarcas, que representan la negación política de la democracia que declaman. Y me interesa insistir, ante todo, en esta idea: la contradicción que las nuevas Constituciones establecen entre el modo en que organizan el poder (estilo siglo XIX) y el modo en que definen derechos (estilo siglo XXI) no nos habla de una relación desafortunada, con la que hay que aprender a convivir, sino de una tensión que amenaza la vida misma de los derechos que esas Constituciones proclaman. No se trata, sin embargo, de recitar los nombres de los principales gobernantes de la región, responsables de los derechos que no se efectivizan, bajo retóricas siempre encendidas. Se trata de denunciar un modo errado de pensar el constitucionalismo, que luego de más de doscientos años de práctica no ha aprendido a reconocer lo obvio, esto es, que el poder concentrado (político, económico) no puede sino resistir la puesta en práctica de los derechos nuevos, porque ella promete socavar también el poder de quienes hoy gobiernan discrecionalmente, bajo el control de nadie. Los latinoamericanos fueron los primeros en asegurar el ingreso de la “clase trabajadora” y otros grupos desaventajados a la Constitución, pero lo hicieron sólo a través de la sección de los derechos. Ha llegado la hora de que abran para tales grupos las puertas de la “sala de máquinas” de la Constitución, que después de más de dos siglos siguen –como en toda Europa- todavía cerradas.  









ENCUENTRO NACIONAL DE ABOGADOS DE LA CTA





SEMINARIO
 Días: 21 de agosto  del 2014.-
 Lugar: Lima 609, piso 1°, Ciudad Autónoma Buenos Aires, CTA.-

10:00hs: Apertura.
Pablo Micheli - Secretario General de la CTA.
Daniel Jorajuría – Secretario Gremial de la CTA.
Dörte Wollard – Directora de la Fundación Friedrich Ebert.

10:45hs. Conferencia.
Los Derechos Humanos en el derecho internacional. Bases para su aplicación en el derecho interno.
Expositor: Leandro Despouy. Presidente de la Auditoria General de la Nación y ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
Presenta: María de las Mercedes González (Asesoría  Jurídica Nacional de la CTA)
Tarde:
14:00 hs.
El derecho a la protesta. Bases constitucionales. La judicialización de la protesta social. Comentarios de la jurisprudencia. La ley antiterrorista y el rol represivo.-
Expositores:
Gustavo Maurino. Profesor de Derecho Constitucional (UBA) Fundador y ex Director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
Alberto Binder. Profesor de Derecho Procesal Penal (UBA). Vicepresidente de INECIP. Miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal.

Nicolás Tauber Sanz. Profesor de Derecho Constitucional y Práctica Profesional (UBA). Abogado de la Asesoría Jurídica Nacional de CTA. Coordinador de Liberpueblo.
Cordinadora: Verónica Quinteros, Abogada de la Asesoria Jurídica Nacional de la CTA.-
17.30 hs.
El derecho de huelga en el derecho internacional del trabajo. El desarrollo interpretativo de la comisión de expertos y el comité de Libertad Sindical de la OIT.
Expositores:
David Duarte. Abogado especialista en Derecho Laboral. Secretario letrado de la Procuración Gral. De la Nación ante la CSJN.
Juan Pablo Mugnolo. Abogado especialista en Derecho Laboral. Profesor regular adjunto UBA.
Horacio Meguira. Director del departamento jurídico de la CTA. Profesor regular adjunto de Derecho del Trabajo UBA.
Coordinador: Luis Campos. Observatorio del Derecho Social de la CTA.

Ley Antiterrorista 5: Los doblegamos, otra vez

Un penoso titular de la CNV sostuvo hoy que la propuesta de utilizar la Ley Antiterrorista contra la empresa Donnelley fue una "confusión", porque en realidad querían aplicar otra ley -sobre quiebra fraudulenta- aprobada ese mismo día. Qué interesante¡ Menos mal que no le aplicaron un "homenaje a Balbín" o un "monumento a los inmigrantes." En todo caso, la confusión fue bastante significativa, ya que alcanzó a la Presidenta anunciando la medida en cadena, y a varios abogados/servidores (los Barcesat de turno esta vez) justificando con rostro serio la aplicación de la Ley Antiterrorista. Sería mucho mejor pedir disculpas y decir "fue un error". Un poco de verdad, alguna vez, nos ayudaría a todos.

17/8/2014

ERL, discusión

Buen anota de don Eduardo Rivera L, acá, sobre las dificultades de discutir, en la Argentina k

GK, desigualdad

Excelente reportaje a don G. Kessler, acá, con un buen libro sobre la desigualdad en la Argentina

16/8/2014

La Ley Antiterrorista 4: De cómo la doctrina penal argentina se enfrenta valientemente con el "derecho penal del enemigo", pero cuando aparece en la Argentina, por alguna razón inexplicable, calla

Me he tomado el trabajo de releer uno de los principales textos del apreciado Zaffaroni, sobre el tema del ENEMIGO EN EL DERECHO PENAL, acá. Interesante, además, porque está escrito -como señalaba en el post anterior- en colaboración con los principales penalistas argentinos. Me resulta muy pero muy IMPRESIONANTE que se pueda escribir este trabajo, sobre la aberración que, en efecto, representa el nuevo "derecho penal del enemigo", que acosa a todo el planeta, pero que, en el preciso momento en que ese derecho cobra vida violenta, en nuestro país, a partir de una Ley Antiterrorista, lo que sigue no sea la aplicación -ahora sí, por fin- de la doctrina crítica sobre el caso concreto, sino el silencio más absoluto. Transcribo, para comprobar lo dicho, algunos párrafos, y en letras de imprenta encabezo cada párrafo con un pequeño resumen o comentario de lo que sigue. Insisto, es muy muy IMPRESIONANTE el modo en que lo dicho se aplica a la Argentina K, y el tamaño del silencio que ha sobrevenido. La pregunta de siempre, entonces: qué diantres está haciendo la academia penal argentina? En qué se ha transformado? Por qué? Por qué?

LA DOCTRINA MODERNA COMIENZA, LAMENTABLEMENTE, A ACEPTAR LA CUESTION DEL ENEMIGO EN EL DERECHO PENAL 
“En las últimas décadas se ha producido una transformación regresiva bastante notoria en el campo de la llamada política criminal o, más precisamente, política penal, pues del debate entre políticas abolicionistas y reduccionistas se pasó, casi sin solución de continuidad, a debatir la expansión del poder punitivo, con lo cual el tema del enemigo de la sociedad pasó a primer plano de discusión.” 

LA EXCUSA SON LAS EMERGENCIAS
“Quizá hasta cierto punto los teóricos cayeron en la negación del fenómeno de represivización de las legislaciones penales sancionadas con motivo o pretexto de emergencias, hasta que la realidad legislativa alcanzó un punto que impedía todo mecanismo de huída, pero lo cierto es que la invocación de emergencias justificantes de estados de excepción, no son para nada recientes.”

SE TRATA DE UNA AFRENTA AL DERECHO PENAL LIBERAL
“Se ha señalado que las características de este avance contra el tradicional derecho penal liberal o de garantías consistirían en la anticipación de las barreras de punición (alcanzando a los actos preparatorios), la desproporción en las consecuencias jurídicas (penas como medidas de contención sin proporción con la lesión realmente inferida), el marcado debilitamiento de las garantías procesales y la identificación de los destinatarios mediante un fuerte giro al derecho penal de autor.”

TODO A TRAVES DEL USO ABERRANTE DE TIPOS PENALES ABIERTOS
“En la doctrina jurídico penal puede señalarse el debilitamiento del derecho penal de garantías a través de la imputación jurídica conforme a criterios que se independizan de la causalidad; la minimización de la acción en beneficio de la omisión, sin que interese lo que realmente el agente haga sino el deber que haya violado; la construcción del dolo sobre la base de simple conocimiento (teoría del conocimiento), que le permite abarcar campos antes considerados propios de la negligencia; la pérdida de contenido material del bien jurídico, con los consiguientes procesos de clonación que permiten una nebulosa multiplicación de ellos; la cancelación de la exigencia de lesividad conforme a la multiplicación de tipos de peligro sin peligro (peligro abstracto o presunto); la lesión a la legalidad mediante tipos farragosos y vagos y la delegación de función legislativa penal con el pretexto de las llamadas leyes penales en blanco; etc.”

ESTA HORRIBLE DOCTRINA PROPONE, EN DEFINITIVA, NEGARLE AL INDIVIDUO SU CONDICION DE PERSONA
La esencia del trato diferencial que se depara al enemigo consiste en que el derecho le niega su condición de persona. Sólo es considerado bajo el aspecto de ente peligroso o dañino. Por mucho que se matice la idea, cuando se propone distinguir entre ciudadanos (personas) y enemigos (no personas), se hace referencia a humanos que son privados de ciertos derechos individuales en razón de que se dejó de considerarlos personas, y esta es la primera incompatiblidad que presenta la aceptación del hostis en el derecho con el principio del estado de derecho.” 


(COMO OCURRIO CON LA LEY ANTITERRORISTA ARGENTINA, PROMOVIDA POR EL KIRCHNERISMO), LA EXCUSA MAYOR NACIO CON EL ATENTADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE. DESDE ENTONCES, EN TODO EL MUNDO, COMIENZAN A IMPULSARSE NORMAS ANTITERRORISTAS -UN DERECHO PENAL Y PROCESAL AUTORITARIO 
“La carencia de prejuicios previos sobre los que sea permitido fabricar un nuevo enemigo sólo puede ser compensada con un hecho aterrador y, a este efecto, fue funcional el atentado de septiembre de 2001 para individualizar a un enemigo creíble. A partir del hecho concreto y cierto de muerte masiva e indiscriminada, se construye la nebulosa idea de terrorismo, que no alcanza definición internacional y, por ende, abarca conductas de muy diferente gravedad, pero justifica medidas represivas que permiten retomar la vieja estructura inquisitorial y alimentarla con nuevos datos, correspondientes a la violencia criminal desatada a partir de la intervención en los países árabes. 
La nueva emergencia quiere justificar exigencias internacionales de adopción de legislación penal y procesal penal autoritaria en todos los países del mundo. La necesidad de defenderse, por cierto no ya de los actos concretos de homicidios masivos e indiscriminados, sino del nebuloso terrorismo, legitima no sólo las guerras preventivas de intervención unilateral, sino también legislaciones autoritarias con poderes excepcionales, que incluyen la privación de libertad indeterminada de personas que no se hallan en condición de prisioneros de guerra ni de reos procesados, sea con el pretexto de que no son ciudadanos de los Estados Unidos o de que no se hallan privados de libertad en su territorio. Estos últimos extremos son confrontados dentro de los propios países centrales, incluso por los máximos tribunales que -por fortuna- aún conservan poder suficiente para señalarles su desvío de las tradiciones liberales y humanistas.”

EN AMERICA LATINA, ESTO SE MANIFIESTA EN UN AUTORITARISMO COOL, Y UN DISCURSO ACADEMICO RASTRERO, QUE SE REDUCE A MERA PUBLICIDAD
“Como el estado desapoderado de los países que llevan la peor parte en la globalización no puede resolver los problemas sociales serios, sus políticos optan por simular que los resuelven o que saben cómo hacerlo, se vuelven maneristas, afectados , la política pasa a ser un espectáculo y el estado mismo se convierte en un espectáculo. Los políticos –presos en la esencia competitiva de su actividad- dejan de buscar lo mejor para preocuparse sólo por lo que pueda transmitirse mejor y aumentar su clientela electoral. 
Este autoritarismo publicitario cool presenta una frontalidad grosera, pero como carece de enemigo fijo y también de mito, es desteñido, no tiene el colorido de entreguerras ni la inventiva del biologismo racista, su histrionismo es más bien patético, su pobreza creativa es formidable, es huérfano de toda brillantez perversa, más bien tiene una horrible y deprimente opacidad perversa. No hay monumentos neoclásicos, científicos racionalizando, paradas ostentosas, sino que es pobre, funciona porque es poco inteligente, es elemental, no piensa y promociona una huelga del pensamiento o un pensamiento nulo, porque al menor soplo de pensamiento se implosionaría. El ejercicio del poder punitivo se ha vuelto tan irracional que no tolera siquiera un discurso académico rastrero, o sea, que no tiene discurso, pues se reduce a mera publicidad.”

EN DEFINITIVA, EN AMERICA LATINA LOS QUE EJERCEN EL PODER SON LOS QUE INDIVIDUALIZAN AL ENEMIGO, PERO SOLO DE MODO FUNCIONAL A SUS INTERESES EN CADA CASO
“Dicho en otros términos: la historia del ejercicio real del poder punitivo demuestra que quienes ejercieron el poder fueron los que siempre individualizaron al enemigo, haciéndolo como mejor convino o fue funcional –o creyeron que lo era- a sus intereses en cada caso, y aplicaron esa etiqueta a quienes lo enfrentaban o molestaban, real, imaginaria o potencialmente. El uso que han hecho de este tratamiento diferenciado dependió siempre de las circunstancias políticas y económicas concretas, siendo algunas veces moderado y otras absolutamente brutal, pero los ejes troncales que se desprenden de la primitiva concepción romana del hostis son perfectamente reconocibles a lo largo de toda la historia real del ejercicio del poder punitivo en el mundo. Hasta hoy subsisten las versiones del hostis alienigena y del hostis judicatus.”