Los derechos sociales y la Corte de la dictadura

De don Horacio E., acá

1. Doce abogados conservadores. Tras el golpe de 1976, la dictadura nombra una nueva Corte Suprema. Sus integrantes provienen del ala civil católica y conservadora de la coalición golpista. Hasta diciembre de 1983, doce abogados van ocupando los cinco sillones del tribunal: Horacio Heredia (1976-1978), Adolfo Gabrielli (1976-1983), Alejandro Caride (1976-1977), Federico Videla Escalada (1976), Abelardo Rossi (1976-1983), Pedro J. Frías (1977-1981), Emilio Daireaux (1977-1980), Elías Guastavino (1978-1983), César Black (1980-1983), Carlos Renom (1982-1983), Julio Martínez Vivot (1983) y Emilio Gnecco (1983). Varios son docentes de universidades católicas y casi todos tienen experiencia en la Justicia y en la función pública durante gobiernos militares.

El sector liberal de la coalición se queda, principalmente, con el Ministerio de Economía. Allí se instala José Martínez de Hoz, ex presidente de Acindar y del Consejo Empresario Argentino.

2. La misión de la Corte en la dictadura. Los comandantes de las Fuerzas Armadas integran la Junta Militar, órgano supremo del Estado, que designa como Presidente a uno de sus integrantes: Jorge Rafael Videla, comandante del Ejército. Se clausura el Congreso; la facultad de legislar queda en manos del Ejecutivo. La dictadura tiene el objetivo de refundar la Argentina, restaurando el orden y la disciplina social, para impulsar la productividad mediante la liberalización económica. Esto exige suprimir conquistas laborales, destruir las organizaciones de la clase obrera y eliminar empresas nacionales no competitivas. Para garantizar esos objetivos, la dictadura lleva adelante una despiadada represión, tanto pública como clandestina, contra cualquier forma de resistencia. La desaparición forzada de personas, la tortura y la detención sin límites, además de la apropiación ilegal de niños y niñas son las marcas más conocidas de esta política de terror llevada adelante desde el Estado.

Durante esos años, la Corte Suprema tiene una misión difícil: mantener la ficción de que existe un orden legal y así aportar cierta legitimidad al régimen, pero sin afectar la ejecución del terrorismo de Estado ni la implementación del plan económico neoliberal. 
Probablemente, el tribunal tiene otros dos objetivos propios: promover elementos de su ideario conservador y, en la medida de lo posible, continuar más allá del final de la dictadura, para convertirse en la Corte de la “normalidad” institucional.

3. Los derechos sociales en la ficción dictatorial. La complicidad de esa Corte con la dictadura es el eje de un reciente libro coordinado por Juan Pablo Bohoslavsky: ¿Usted también, doctor?, donde más de veinte autores analizan el rol de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura. ¿Qué hicieron, qué deberían haber hecho? ¿Qué legado de aquel tiempo sigue vivo hoy?

Generalmente se denuncia la actuación de la Corte en materia de derechos civiles y políticos. En mi caso, contribuí en ese libro con un capítulo que analiza lo ocurrido con los derechos sociales: los derechos del trabajo, de las organizaciones sindicales y de la seguridad social.

Allí la Corte pone su energía en restaurar el orden y la disciplina laboral, asegurando a la vez un amplio margen de actuación para que el Poder Ejecutivo recorte o elimine derechos sociales. Para ello, el Tribunal evita pronunciarse frente a los reclamos contra las leyes y decretos dictatoriales que prohíben la huelga, intervienen los sindicatos, facilitan los despidos o expulsan empleados públicos. Usa argumentos formales para no revisar esos casos. Cuando finalmente decide analizar uno de tales planteos, suele convalidar la acción del Ejecutivo; le reconoce amplias facultades invocando la doctrina legal de la “emergencia”. En contadísimos casos y tras mucho tiempo -destacando que se trata de una excepción- declara inconstitucional alguna medida laboral de la dictadura; pero sólo ordena pagar indemnizaciones. No reincorpora delegados gremiales despedidos ni empleados públicos declarados “prescindibles” sin causa o por acusaciones políticas. No ordena restituir el derecho vulnerado: lo canjea por una cifra en dinero.

En materia de seguridad social, el tribunal promueve sus ideas conservadoras: siempre invalida las pensiones por viudez si no hay matrimonio legal. Quedan fuera las parejas de hecho o a las personas divorciadas y vueltas a casar en el extranjero. Solamente la familia tradicional merece protección.

La apuesta por la continuidad no resulta exitosa. La Corte no logra mantenerse más allá del final de la dictadura, pese al apoyo de algunos juristas. Si bien en diciembre de 1983 deben abandonar sus cargos, nunca son llamados a responder judicialmente por su participación en la dictadura.

4. Todavía vivo. Hoy debemos denunciar el legado de aquella Corte, también en materia de derechos sociales. Sobre bases conservadoras o liberales, todavía hay quienes subordinan estos derechos a las emergencias o a una concepción antigua del derecho de propiedad. A veces se describe a los derechos sociales como privilegios, o se dice que hay que ganarse la educación, la vivienda o la salud con esfuerzo, con méritos o con dinero. Otras veces se condicionan estos derechos a una actitud obediente, o a la presentación de certificados de pobreza. Todavía se exige a trabajadores y gremios justificar derechos que llevan más de medio siglo en la Constitución. Hay quienes proponen que los tribunales no los hagan valer, o que sean canjeados por dinero. Hoy también debemos encontrar y denunciar estas visiones formalistas, restrictivas y evasivas por las que, aun bajo un marco constitucional, los tribunales, el Congreso y la administración siguen negando o postergando los derechos sociales.